“La decisión del presidente de la República, Daniel Noboa, fue tomada ante un riesgo real de fuga inminente del ciudadano requerido por la justicia, en ejercicio de nuestra soberanía”, así justificó la canciller Gabriela Sommerfeld la captura del exvicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba en la Embajada de México en Ecuador.

Con ello, agregó, se dió cumplimiento con la orden de detención dispuesta por la Corte Nacional de Justicia en contra de Glas y se puso a las órdenes de las autoridades competentes. 

“Para el Ecuador, ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político cuando ha sido condenado con sentencia ejecutoriada y con disposición de captura emitida por las autoridades judiciales”, enfatizó la ministra al referirse al asilo político que le fue concedido al exvicemandatario.

Durante la conferencia de prensa, Sommerfeld afirmó que Ecuador agotó el diálogo diplomático con México respecto al tema, previo a la irrupción en su embajada. Aún así, se hizo caso omiso a todas las justificaciones presentadas sobre porqué Glas no era un perseguido político.

La Cancillería remitió información, a la Embajada de México de la Corte Nacional de Justicia y Fiscalía sobre las sentencias condenatorias por asociación ilícita y cohecho, que pesan sobre Glas, así como la orden de captura por presunto peculado, razones por las que no procedía la concesión de asilo diplomático al exfuncionario, enfatizó.

La ministra, además, recordó las declaraciones hechas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre las elecciones de 2023 y el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, mismas que “violentaron el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros Estados” y dio razón que el Gobierno de la República del Ecuador decidiera, de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena declarar “persona non grata” a la embajadora de esa nación en Quito.

Finalmente, reiteró que “el Ecuador es un país respetuoso del derecho internacional, en el cual no se persigue a persona alguna por motivos de raza, religión, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, en acatamiento a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes de la República”.