Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, elogió las acciones emprendidas por la Fiscal General en la depuración del sistema judicial, destacando su importancia en la lucha contra la corrupción.

A la par, habló de la necesidad de devolver a los Colegios de Abogados las facultades de sanción, para poder tomar medidas disciplinarias contra los miembros de la profesión que cometan irregularidades. Esta lucha, explicó, se intensifica en medio de la oposición política que enfrentan.

“Hay que recuperar las facultades sancionatorias perdidas en la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial”, enfatizó al decir que las personas con sentencias ejecutoriadas podrían perder su licencia hasta por seis meses.

Por otro lado, ve con buenos ojos que la Fiscalía esté revelando las acciones corruptas y que por ello se llevarán a juicio a los responsables. Respecto al trabajo del Consejo de Judicatura actual, dice que deben completar los procesos como la evaluación de notarios y la designación de nuevos jueces, aunque reconoce que el tiempo en funciones podría ser insuficiente para lograr todos los objetivos.