Enmarcado en los preocupantes índices registrados en Ecuador y el mundo, Banco ProCredit informa que promueve la prevención y erradicación de la violencia de género en el ámbito empresarial. A través de la obtención de indicadores internos, la entidad establece un diagnóstico que permite identificar casos de violencia contra la mujer (VcM) hacia las colaboradoras de la compañía.

Mayeli Espinosa, especialista de Comunicación de la entidad, explica que “durante el año de la pandemia nos dimos cuenta de la urgencia de avanzar con acciones concretas frente a la violencia de género, y por eso nos unimos con la Cooperación Alemana GIZ y su programa PreViMujer, quienes nos han orientado en este camino”.

Añade que en el 2020 empezaron realizando una valoración mediante encuestas anónimas dirigidas a todo el personal del banco, y a partir de los resultados, trazaron una línea base de los casos de VcM dentro de la institución.

Más adelante, en 2022, se procedió con un nuevo diagnóstico a modo de seguimiento, que además, facilitó la evaluación del impacto de otras iniciativas al interior de la empresa que buscaban sensibilizar, prevenir y erradicar esta problemática. “Este año haremos una nueva medición de los resultados”, asegura.

La operación de Banco ProCredit se rige bajo un marco de gestión de equidad. “Recientemente fuimos certificados con el Sello de Empresa Segura, y desde hace varios años trabajamos para promover las mejores prácticas empresariales en esta materia”, resalta la ejecutiva, quien indica también que la entidad en Ecuador está replicando y liderando estrategias de sostenibilidad social del Grupo ProCredit, que está presente en más de 10 países a nivel mundial.

Datos de la GIZ señalan que, en Ecuador, la violencia de género representa un costo de USD 1786 millones para las empresas, equivalente al 1.65% del PIB Nacional.

“Sus efectos se manifiestan en la pérdida de ingresos y oportunidades laborales, los costos de atención médica y terapia, la disminución de la productividad laboral y los gastos legales y de seguridad, entre otros”, comenta Espinosa.

Agrega que el Consejo de la Judicatura ha manifestado que en el 2023 se registró un femicidio cada 17 horas en el país. En tanto que la ONU ha indicado que el 94.3% de las mujeres violentadas no reporta ni denuncia el caso ante una instancia formal.

“Son datos escalofriantes y, pese a ello, sensibilizar a las personas acerca de la gravedad y el alcance de esta problemática constituye una tarea que requiere mucha constancia y diálogo, por lo que el apoyo interinstitucional es clave para avanzar, y entre más rápido comencemos, mejor”, advierte la especialista.