En el Suplemento del Registro Oficial N.º 525, del 25 de marzo de 2024, se publicó la Ley para el Fortalecimiento de las Actividades Turísticas y Fomento del Empleo, que fue aprobada por la Asamblea Nacional con el apoyo de la mayoría de las bancadas. Con ello se crean herramientas legales para fomentar y fortalecer las actividades turísticas a nivel nacional y reactivar el turismo a través de la aplicación de medidas tributarias y económicas para enfrentar la grave crisis que afronta el sector.

Para ello, dispone que el ente rector de las finanzas públicas garantice las asignaciones presupuestarias necesarias para la ejecución de actividades, programas y proyectos destinados a la promoción, competitividad y desarrollo turístico.

También crea un conjunto de incentivos fiscales para promover el impulso a la competitividad turística, la atracción de inversión y reducción de costos, así como incentivos a la conectividad aérea, como parte fundamental para el desarrollo turístico del país, pues se convierte en un elemento clave para impulsar el turismo, ya que actúa como elemento integrador de la cadena de valor turística, permitiendo el desplazamiento de turistas y personas entre destinos.

Exonera el pago del impuesto de salida de divisas (ISD) para aerolíneas nacionales e internacionales, para mejorar la competitividad aérea; faculta a la autoridad competente en materia de derechos intelectuales verificar que se establezcan tarifas diferenciadas para los establecimientos turísticos, considerando el tipo de actividad, y los criterios técnicos que aportará para el efecto la Autoridad Nacional de Turismo previo a la autorización de las tarifas.

La ley incorpora a la Autoridad Nacional de Turismo en el Consejo Nacional de Emprendimiento e Innovación, con la finalidad de promover que las políticas, programas y proyectos que se desarrollan dentro de este órgano colegiado, tengan la finalidad de impulsar y fortalecer el emprendimiento, innovación y empleabilidad.

En el Sistema Nacional de Contratación Pública se crea un régimen especial, para contar con servicios de promoción turística de calidad que garanticen la aplicación de los principios de trato justo, igualdad, transparencia, concurrencia, oportunidad y participación nacional.