El contralor General del Estado, Mauricio Torres Maldonado, expuso ante la ciudadanía los indicadores de la gestión 2023 del organismo técnico de control. En su intervención, la máxima autoridad precisó que el año pasado se aprobaron 1.457 informes generales de auditoría.

Los exámenes se realizaron para verificar el cumplimiento de la normativa en la contratación de obras, bienes y servicios, elaboración de estados financieros y aspectos medioambientales. También se analizaron declaraciones patrimoniales juradas y el cumplimiento de las recomendaciones de auditorías anteriores.   

El organismo de control remitió a la Fiscalía 301 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP). Por provincias, la mayor cantidad de IRP se derivaron de acciones de control efectuadas en Pichincha con 87 informes, seguida de Guayas con 66, Esmeraldas con 23 y Los Ríos con 22.

En ejercicio de sus facultades constitucionales, la Contraloría emitió 7.346 resoluciones confirmatorias de responsabilidades administrativas y civiles, por un monto superior a USD 293 millones. Además, se recuperaron USD 9.8 millones para el Estado, en ejercicio de la potestad coactiva que tiene la institución.  

El año pasado, la Contraloría cumplió con su deber de asesorar a los órganos y entidades del Estado a través de la absolución de 497 consultas jurídicas y el desarrollo de 489 cursos de capacitación, en los que participaron 51.492 personas.

En los espacios formativos, la ciudadanía y los funcionarios públicos conocieron el funcionamiento del Estado, las facultades constitucionales y legales de la Contraloría, procesos de control social, participación ciudadana y ética pública. Estas herramientas les permitirá intervenir eficientemente en asuntos de interés público.

El Contralor afirmó que “los recursos públicos pertenecen a la ciudadanía. Son el fruto de nuestro trabajo individual y del esfuerzo colectivo, y deben emplearse en beneficio común, financiando servicios esenciales, abordando necesidades urgentes y fomentando el desarrollo social y económico”.

La Contraloría General del Estado atraviesa una nueva etapa, en la que busca la integración definitiva de la ciudadanía a la actividad institucional. “Esta comunión debe traducirse en una mayor participación de la sociedad civil en los procesos de control público, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas en todo el país”, señaló el Contralor, Mauricio Torres. 

Al evento deliberativo, celebrado en la Universidad Andina Simón Bolívar, asistieron más de 400 personas. Además, la transmisión en directo a nivel nacional, en las 23 direcciones provinciales de la Contraloría, permitió la participación de más de 2.000 ciudadanos, representantes de organizaciones sociales, de la academia, titulares y delegados de todas las funciones del Estado y representantes del cuerpo diplomático.