La Comisión de Biodiversidad inició la fiscalización del incremento en la tasa de ingreso a las áreas protegidas de Galápagos. Por esta razón, citó a comparecer a las autoridades de varias carteras de Estado y de los gobiernos seccionales de la provincia, a fin de determinar la viabilidad técnica que motivó esta decisión.

Al iniciar la sesión, el legislador Milton Aguas, representante de Galápagos, expreso que es necesario poner en marcha procesos de fiscalización cuando el turismo, pilar central para el modo de vida de los galapagueños, se ve afectado por la implementación de este tipo de medidas.

Edwin Altamirano, presidente de Consejo de Gobierno de Galápagos, informó que la tasa de ingreso y conservación ha permanecido igual durante 26 años, desde 1998.

“Existen estudios del Ministerio de Ambiente y el Parque Nacional Galápagos, realizados en 2023, que demuestran que el turista promedio, nacional y extranjero, está dispuesto a pagar 2.5 veces más por recorrer las áreas protegidas, 240 dólares más para conservar el medio ambiente marítimo y 140 dólares más para conservar el medio ambiente terrestre de las islas”, informó.

Señaló que la medida entrará en vigencia desde el 1 de agosto, por lo que existe tiempo suficiente para socializarla con la población.

De su lado, la ministra del Ambiente, Sade Fritschi expuso que Galápagos no cuenta con los recursos necesarios para manejar el turismo exponencialmente creciente de las islas, que durante el 2023 fue de 329 mil turistas y 11 mil transeúntes.

A su consideración, el incremento del turismo ha generado afectaciones irreversibles al ambiente debido al colapso de los recolectores de desechos sólidos y la introducción indiscriminada de especies ajenas al entorno, que no son solucionadas adecuadamente debido a la falta de recursos.

“Es inaudito, que se cuestione una posible recaudación proyectada de USD 40.9 millones hasta el año 2025, que beneficiaría al Parque Nacional y a los Gobierno Autónomos Descentralizados (GAD) de la provincia”, concluyó.

Al respecto, Niels Olsen, ministro de Turismo, mencionó que la actualización de esta tarifa es necesaria para que los galapagueños vean una real mejora en su calidad de vida.

“Este es el momento de aprovechar los USD 40 millones que Galápagos obtendrá por la aplicación de esta medida, de los que el 50 % será para el mantenimiento y crecimiento del Parque Nacional y el otro 50 % para que los GAD de la provincia mejoraren la calidad de vida de su población”, destacó.

Mientras que Fanny Uribe, Hugo Caiza y Víctor Morocho, alcaldes de Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela, respectivamente, coincidieron en que la actualización de esta tasa es necesaria, siempre y cuando se implemente de forma técnica y legal, que permita obtener e invertir progresivamente recursos en la población insular.

Concluidas las comparecencias, la mesa legislativa analizó y aprobó, con 8 votos, la moción presentada por el legislador Milton Aguas, para integrar al Ministerio de Finanzas, como parte de proceso de fiscalización del incremento en la tasa de ingreso a las áreas protegidas de Galápagos.

Finalmente, acordaron remitir a la Contraloría General del Estado, Corte Constitucional y Procuraduría General del Estado, los informes producto de esta fiscalización, a fin de que procedan en el ámbito de sus competencias.