Ministerio de Trabajo establece revisión de los contratos ocasionales

Mar 20, 2024

En una entrevista exclusiva con “Punto de Orden”, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, reafirmó la determinación del gobierno de no tolerar más los denominados “sueldos dorados” en el sector público, en línea con la ley que establece que ningún empleado público puede percibir un salario superior al del presidente de la República, que asciende a $5,072 mensuales.

Núñez reveló que al revisar los pagos en ciertas entidades estatales, se detectaron salarios que oscilaban entre los $7,000 y $8,000, e incluso montos más elevados, con combinaciones irregulares de bonificaciones, horas extras, comisiones o a través de contratos colectivos.

Ante esta situación, se emitió un acuerdo que prohíbe superar el salario presidencial, y en caso de incumplimiento, el pago queda automáticamente anulado.

La ministra explicó que el siguiente paso de su cartera es analizar los contratos colectivos para verificar su conformidad con las normativas legales. Aquellos que no cumplan serán declarados inválidos.

Si bien la Constitución reconoce la contratación colectiva, Núñez señaló que algunos de estos acuerdos contienen privilegios inaceptables, como la estabilidad laboral prolongada y la indexación de aumentos salariales, lo que puede resultar en un detrimento para las instituciones, como fue el caso de TAME.

Además, se anunció una revisión de los contratos ocasionales, que representan un gasto anual de $1,221 millones para el Estado, con la decisión de no renovar los contratos de 464 funcionarios en diciembre pasado, a excepción de aquellos con discapacidades, enfermedades catastróficas, mujeres embarazadas o en período de lactancia.

En otro orden de ideas, la ministra respaldó la propuesta de trabajo por horas, incluida en la Consulta Popular y Referéndum programada para el próximo 21 de abril, explicando que busca incorporar a más personas al mercado laboral de manera parcial, especialmente en actividades como jardinería y limpieza de piscinas, descartando la posibilidad de que se utilice como herramienta para despidos masivos, como sugieren algunos sindicatos.



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