La metodología empleada para realizar el VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades, en 2022, fue la razón que convocó a Óscar Castillo, director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), ante la Comisión de Garantías Constitucionales, donde fue cuestionado por los comisionados.

A consideración de los legisladores, la metodología mixta que utilizó el INEC, que incluyó tanto censo territorial como virtual, fracasó por cuanto existieron poblaciones que se quedaron sin ser censadas y que no lograron acceder al censo virtual, en especial por la falta de una campaña de información.

Los afroecuatorianos, según la presidenta de la comisión, Paola Cabezas, resultaron afectados, ya que al no haber sido censados, se reflejan datos poco confiables sobre el número poblacional. Según informó Óscar Castillo, la población afrodescendiente habría disminuido en un 2.2 % en el año 2022, en comparación al 2010.

Óscar Castillo indicó que la razón para la disminución poblacional es la ausencia de fecundidad, según la información obtenida del mismo censo, debido a que las mujeres ecuatorianas han accedido a mayor conocimiento e información sobre la natalidad, uso de anticonceptivos y mayor preparación académica.

Frente al cuestionamiento de que no existieron censistas en territorio, el funcionario indicó que trabajaron conjuntamente con el CONGOPE, CONAGOPARE e INEC, en los planes territoriales para ejecutar el censo, y que, en esta ocasión, no fueron alumnos de colegios quienes censaron, sino que se realizaron contrataciones a quienes quisieron trabajar, para luego capacitarles en la población a la que pertenecían.

Los legisladores Gissela Garzón, Belén Mayorga y Adrián Castro dijeron que tampoco fueron censados, pero sin embargo a sus viviendas sí les colocaron el adhesivo del censo. Jhajaira Urresta se unió al malestar de los comisionados y aseguró que el censo no refleja datos reales sobre la población con discapacidad, pese a que para crear políticas públicas se debe conocer la población exacta del Ecuador.

Por su parte, Paola Cabezas hizo un detalle cronológico desde el inicio del censo 2022 y las anomalías que pudo visibilizar desde la comisión anterior, entre ellas, incumplimiento de las fechas de ejecución del proceso, desinformación para la autoidentificación de pueblos y nacionalidades, ausencia de censistas, desorganización en la movilización de los censistas, falta de seguridad, accidentes, violencia de género y robo.

El Director del INEC justificó el accionar de la institución y recalcó que se destinaron 390 mil dólares para la seguridad, que estuvo respaldada por la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Añadió que al momento se realiza una auditoría al censo 2022, con la participación de organizaciones internacionales como el Banco Mundial, Naciones Unidas y, en contraparte, la Contraloría General del Estado, así como profesionales de INEC.

Adrián Castro, por su parte, sugirió que se realice una auditoría externa, sin intervención de los funcionarios de INEC.

Al cierre de la sesión 030, Paola Cabezas anunció que la comisión volverá a convocar al Director Ejecutivo del INEC, y resaltó la apertura del funcionario a la auditoría externa, que permitirá tener mayor claridad sobre el beneficio o perjuicio de la metodología aplicada en el censo de 2022.