No sólo será suponer sino tener la certeza de que así es. Lo que aparece y se publica con consentimiento fiscal de las conversaciones (‘chats’) contenidas en el teléfono celular de una de las detenidas en el caso “Purga”, con íntimas vinculaciones al de “Metástasis”, debe ser prudente y meditado. Si de lo que hasta ahora se conoce ya se puede adelantar que la comunicadora, relacionista pública, asesora de imagen, burócrata dorada, agente de damas de compañía y ‘novia’ de narcotraficante, ha sido de largo alcance y muy influyente, no es descabellado pensar que la memoria del móvil guarda nombres de muchísimas personas, algunas muy conocidas y que no, necesariamente, serán parte de los delitos en los que ella incurría.

No faltan quienes están convencidos de que ha sido la misma señora hoy encarcelada la que, de modo propio y sintiéndose imposibilitada de desmentir y negar su protagónica participación -junto a otros encopetados- en la purga fiscal, ha entregado no sólo un teléfono celular, sino quizás uno o dos más, que ella con sus habilidades tecnológicas manejaba, en procura de funcionar como ventilador de alta potencia y cobertura de 180 grados para salpicar y embadurnar a otros en sus picardías y corruptelas.

¿Cuántas conversaciones, fotografías y videos habrá en los que se interprete amistad añeja, confianza absoluta, sentimientos especiales y más con personas que podrían no tener ni una pizca de implicación en los hechos que se investigan? Sin embargo, están allí registrados. Tarea compleja, por lo mismo, de la fiscalía será discriminar y detectar quiénes sí y quiénes no merecen que sus nombres se vuelvan públicos, aun cuando aparezcan registrados. Es imposible descartar el deliberado propósito de hacer daño a inocentes cuando de por medio hay súper inteligencias para el mal.

La fiscal Salazar ha dado muestras de probidad idónea para ejercer el cargo y, en consecuencia, de no estar sujeta a presiones de ningún poder político ni tampoco de responder a intereses particulares. Eso, cuesta admitirlo, la ha convertido en objetivo mortal de los grupos criminales. Más, ya no puede retroceder en su lucha. Le toca seguir siendo cautelosa, precisa y no eliminar la prisa. Así, no será señalada por actuar contra inocentes.

Para finalizar una digresión: encuentro en el periódico digital Primicias una declaración de un juez de Guayaquil que no se identifica, pero “asegura que en más de 10 años los sueldos de los jueces provinciales (entre USD 4.164 y USD 5.634 mensuales) no han sido revisados, lo que contribuye a que ciertos magistrados sucumban a la tentación de las redes de corrupción”. Por mi parte condeno tal aseveración y digo: nada justifica la corrupción judicial. Todos los jueces desde el primer día saben cuánto van a ganar. Si les parece bajo el sueldo no tienen por qué aspirar al cargo. Los que “sucumben” son corruptos y merecen podrirse en la cárcel.