La Policía Federal de Brasil ha presentado cargos contra el ex presidente Jair Bolsonaro por fraude en el certificado de vacunación contra el COVID-19, según informaron este martes medios locales, en un caso que involucra a una presunta red ilícita.

Las autoridades sostienen que existen indicios de asociación para delinquir y uso de datos falsos en un caso que investiga la fabricación de cartillas de vacunación falsas, en las cuales supuestamente estuvo implicado Bolsonaro y su círculo cercano.

La investigación apunta a una trama destinada a falsificar certificados de vacunación contra el COVID-19 para permitir que los beneficiarios eludieran las restricciones sanitarias en otros países durante la pandemia.

Entre los señalados en el informe final de la Policía Federal se encuentra el antiguo edecán de Bolsonaro, el teniente-coronel Mauro Cid, y el diputado federal Gutemberg Reis, del partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB).

La Fiscalía será la encargada de evaluar las conclusiones de la Policía y decidirá si presenta o no una demanda formal contra Bolsonaro, quien ya enfrenta otras investigaciones, incluida una por tentativa de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.

Fábio Wajngarten, portavoz y uno de los abogados de Bolsonaro, criticó la filtración del dictamen de la Policía Federal a los medios de comunicación, calificándola de “lamentable” y cuestionando su carácter “parcial”.

En mayo de 2023, la Policía registró la casa de Bolsonaro en Brasilia en el marco de esta investigación y detuvo a seis sospechosos, entre ellos Mauro Cid y dos de sus guardaespaldas. Durante las diligencias, se detectaron indicios de inserción de datos falsos sobre la vacuna COVID-19 en relación con el ex presidente.

La investigación revela que Bolsonaro tenía “conocimiento pleno” de la “inserción fraudulenta de los datos de vacunación”, permaneciendo “inerte” ante el delito.

Estos desarrollos llegan después de una serie de problemas legales para Bolsonaro, incluida su estancia en Estados Unidos en diciembre de 2022, donde se requería un certificado de vacunación COVID-19, y su posterior retorno a Brasil, momento desde el cual ha enfrentado múltiples problemas judiciales.