El Ministerio de Trabajo de Ecuador ha anunciado recientemente un acuerdo que define el límite máximo de las remuneraciones en el sector público. Este acuerdo establece los 10 niveles de la escala de las remuneraciones mensuales unificadas para los servidores y trabajadores de las entidades gubernamentales en el país.

El sueldo del presidente ecuatoriano ha permanecido constante en los últimos cuatro años, fijado en $5.072 mensuales, conforme lo dispuso el entonces mandatario Lenín Moreno.

Historia de los ajustes salariales En febrero de 2015, durante el mandato del presidente Rafael Correa Delgado (2007-2017), se implementó una rebaja del 10% para las escalas del 6 al 10, que incluyen al presidente, vicepresidente, ministros, secretarios de Estado, entre otros. Esta medida redujo el salario presidencial de $8.000 a $6.261,30.

Cuando Lenín Moreno Garcés asumió la presidencia en mayo de 2017, su salario mensual se fijó en $6.261,30. Sin embargo, tras dos reformas relacionadas con la austeridad gubernamental, esta cifra se redujo a $5.635 y posteriormente a $5.072 a principios de 2020.

En mayo de 2020, Moreno decretó una rebaja del 50% en los sueldos, situando su salario en $2.536 durante un año.

Con la llegada del nuevo gobierno, el monto volvió a los $5.072, aunque el presidente Guillermo Lasso Mendoza (2021-2023) decidió donar su salario durante su mandato.

Daniel Noboa Azín, quien asumió la presidencia en noviembre de 2023, recibe un salario de $5.072.

La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, reveló recientemente que un informe técnico del ministerio identificó más de 1.000 empleados que ganan más que el presidente Noboa, mencionando casos de sueldos superiores a los $64.000 mensuales.

“Cuando se tiene un decreto presidencial como el del año 2018, que estableció que el salario del presidente es de $5.072 y ningún funcionario del sector público puede ganar más, y no se ha cumplido, entonces, ¿qué encontramos ahí? Que algunas personas en el sector público, incluidos los directivos, o bien desconocen el decreto presidencial o simplemente no desean cumplir la normativa”, señaló la ministra Núñez.