El golpe al crimen organizado y a la economía criminal fue una de las motivaciones expuestas en el Pleno de la Asamblea Nacional, durante el primer debate del proyecto de Ley de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Delitos, que tuvo como base el informe preparado por la Comisión de Régimen Económico.

Previo al debate, Juan Pablo Castillo, coordinador general de Prevención de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), explicó la posición sobre la normativa, en donde se mejoran los ejes de prevención, detección y combate al lavado de activos.

Sintetizó el papel de los sujetos obligados, la facultad de la UAFE para crear oficinas técnicas y la creación de unidades antilavado en otras instituciones. Además, crea el Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos y sus Delitos Precedentes, la Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva denominado (CONCLAFT) y desarrolla las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La legisladora Nathaly Farinango, ponente del informe y presidenta de la Comisión de Régimen Económico, mencionó que esta ley otorgará las herramientas necesarias para la prevención, detección y combate del delito de lavado de activos; fortalecerá a la UAFE y articula el trabajo entre 17 instituciones. Además, acoge las recomendaciones del GAFI, incorpora herramientas de cooperación internacional, incrementa el número de sujetos obligados a reportar a la UAFE y la obligación de declarar ante la autoridad aduanera, cuando una persona ingrese o salga del país con dinero en efectivo o metales y piedras preciosas que superen los diez mil dólares.

Exhortó el apoyo a la normativa que golpeará al crimen organizado y a la economía criminal, en consideración que el monto estimado de lavado de activos en Ecuador es de 3.500 millones de dólares.

En el debate, Cristhian Vega destacó la posibilidad de la creación de las unidades antilavado en varias instituciones. María Mercedes Erbs dijo que esta normativa no solamente es una herramienta legal, sino que constituye una declaratoria de principios. Jorge Álvarez expresó que Ecuador está expuesto a varias amenazas, como al lavado de activos, por ser un país de tránsito de la droga y su relación con delitos transnacionales. Manuel Bohórquez señaló que el lavado de activos amenaza a la sociedad y su economía, generando impunidad y afectando la institucionalidad.

Ramiro Vela Jiménez recordó que Ecuador está entre las naciones que tiene más lavado de activos. Adrián Castro planteó la reducción de los integrantes del CONCLAFT, incorporar a las fundaciones en la lista de sujetos obligados no financieros y regular la elección del director de la UAFE. Manuel Montoya pidió incluir entre los sujetos obligados a los ingenieros civiles y arquitectos.

Otras observaciones fueron: la necesidad de control de los dineros mal habidos; utilización de los mismos términos de la UAFE; conformación del CONCLAFT; exigencia de un mayor control al sistema financiero, intercambio obligatorio de información; investigar a las fundaciones que hacen alianzas con gobiernos locales; e, inclusión de un delegado de la Asamblea Nacional en el CONCLAFT. También, intervinieron los legisladores María Teresa Pasquel, Pedro Velasco, Fernando Jaramillo, Celestino Wisum y Camilo Salinas.

Viviana Veloz, en la conducción de la sesión, cerró el primer debate del proyecto y dispuso que se remita a la Comisión de Régimen Económico para la continuación del trámite.