El caso Purga aterrizó en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Este 13 de marzo de 2024, el presidente de la Judicatura, Álvaro Román, informó que la próxima semana empezarán los procesos de sumario administrativo en contra de los jueces vinculados al caso que investiga Fiscalía.

Román dijo que puede parecer una decisión lenta pero es prudente. Añadió que se enfrentan a personas que tienen mucha habilidad y presupuesto para enfrentar este tipo de procesos.

No fue el único anuncio. Sofía Espín, del correísmo, preguntó al presidente del Consejo de la Judicatura si hay sumarios administrativos abiertos en contra de los jueces del Guayas.

Román respondió que se ha hecho un levantamiento de la información y se han encontrado sumarios archivados y otros guardados en el despacho de la Dirección Disciplinaria.

“Tenemos los estudios para iniciar los sumaros administrativos con una falta prevista en el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial que es gravísima”, dijo Román en la Comisión.

Pero, no se había tomado antes la decisión porque, en caso de no tener la información suficiente o el proceso e sumario se demora más de los 90 días, los implicados puede presentar una acción de protección. Eso implicaría, por ejemplo, pagarles los tres meses de sueldo que no se les entregaron por su suspensión.

Blindaje a jueces

En la mesa legislativa se habló de un mecanismo de protección para los jueces cuestionados en Guayas. Román dijo que no solo se trataba de emitir decisiones cuestionadas. Los jueces que lo hacían tenían la seguridad de que, en caso de que se inicien procesos disciplinarios, estos podrían ser, por ejemplo, archivados.

Puso como ejemplo el caso de la exdirectora provincial de la Judicatura en Guayas, Mercedes Villareal. Mencionó que las denuncias no llegaban al Consejo de la Judicatura nacional porque ella archivaba los trámites o las denuncias de declaratoria jurisdiccional previa. “Lo que no debía hacer lo hacía ella”, dijo Román.