El excontralor del Estado, Pablo Celi, condenado por delincuencia organizada en el caso Las Torres, ha emitido duras críticas contra el fallo en su contra dictado por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que lo sancionó con una multa y la pérdida de sus derechos políticos por haber interferido en la Función Electoral durante un proceso electoral.

En un comunicado emitido el 12 de marzo, Celi manifestó que la sanción dictada por el juez y presidente del TCE, Fernando Muñoz, aún no le ha sido notificada legalmente, y afirmó que esta acción tiene como objetivo proteger a los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint y José Cabrera.

Según Celi, esta decisión judicial constituye un “precedente jurisdiccional” que surge después del pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, que autorizó la renovación de los vocales del CNE incluso durante un periodo electoral.

Calificando la resolución del TCE como “disparatada”, Celi argumentó que esta se ajusta a las maniobras políticas de fuerzas cuestionadas y se adopta cuatro años después de su gestión como contralor del Estado, durante la cual sancionó acciones del CNE por irregularidades en el registro de organizaciones políticas y el conteo de votos.

El exfuncionario insistió en que Diana Atamaint y José Cabrera, actuales vocales del CNE, se mantienen en funciones prorrogadas y carecen de legitimidad, utilizando la convocatoria a elecciones como un recurso para mantenerse en sus cargos.

Además, Celi afirmó que el fallo del TCE evidencia una proscripción política y persecución judicial en su contra, con el propósito de apartarlo de la Contraloría y revertir resoluciones que afectaron intereses de quienes, según él, manipulan el sistema electoral y las instituciones democráticas.

El juez Fernando Muñoz del TCE sancionó a Pablo Celi el 11 de marzo con la pérdida de derechos políticos por cuatro años y una multa de $20.000, por una infracción electoral grave planteada en 2020 por Vanessa Freire, expresidenta del movimiento Fuerza Compromiso Social. Freire lo acusó de interferir en el funcionamiento de la Función Electoral al emitir exámenes especiales que recomendaban extinguir a ciertas agrupaciones políticas del registro nacional.

Para el juez Muñoz, la actuación de Celi constituyó una interferencia en el ámbito competencial exclusivo del CNE, lo cual, según su criterio, constituye una infracción electoral grave.