Las causas que han motivado la alta rotación de autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y los hospitales de su red de atención de salud; situación económica; presupuesto proyectado para 2024; monto asignado por el Estado; déficit presupuestario; monto de las reservas del portafolio de inversiones del BIESS; plan de acción previsto para el año 2024, entre otros temas, fueron abordados en la Comisión del Derecho a la Salud, en un proceso de fiscalización.

El presidente del Consejo Directivo del IESS, Eduardo Peña, acompañado de Richard Gómez, en representación de los asegurados y María de los Ángeles Rodríguez, de los empleadores, aseguró que se han preocupado por aumentar los beneficios de los afiliados y que están trabajando en una reforma con cambios estructurales que presentarán en los próximos días.

Explicó acerca de las estrategias innovadoras para el incremento de ingresos y afirmó que la ampliación de afiliaciones les permitirá caminar más. También se refirió a las prestaciones externas.

Mientras que Milena Charfuelan, directora General del IESS (s), señaló que están trabajando con lineamientos claros en ambientes sanos y libres de violencia, no toleran el maltrato y cuando lo denuncian sancionan al mal funcionario. Dijo que la rotación del personal se lleva bajo reglamentación con personal altamente capacitado con atención cálida y eficiente. “No toleramos la corrupción y cuando la detectamos la denunciamos de forma inmediata”, afirmó.

Detalló que, para la actualización de las proyecciones del flujo de caja de este seguro, se consideró para el escenario 1 con aporte del Estado, el valor de 2.210 millones para todo el ejercicio económico 2024. Si embargo, se figura una desinversión anual de 945 millones, valor que se distribuye: para el primer semestre (enero a junio) por 240 millones, el mismo que ya se recibió; el segundo semestre (julio a diciembre) 705 millones, a fin de cubrir el gasto prestacional y pagos de décimas remuneraciones.

Sobre la provisión de medicamentos y dispositivos médicos aseguró que cada año se realiza la programación anual de contratación y según el presupuesto asignado, las unidades médicas tienen la aprobación del Plan Anual de Contratación.

A criterio del asambleísta Camilo Salinas, se debe usar el sistema CAPE para que el personal de atención sea el más idóneo, toda vez que la rotación no es buena para sistema y los afiliados. Existe gran cantidad de problemas en territorio debido al déficit de atención en calidad y calidez, dijo el asambleísta Geovany Benítez.

Hay que reconocer que hay cosas buenas, pero falta mucho por hacer dijo Ferdinan Álvarez promotor de las comparecencias, tras hacer varias consultas sobre el nombramiento de personal en los centros de salud. Los personeros también respondieron la inquietud de Ana Herrera, vicepresidenta de la Comisión sobre el nivel de abastecimiento de equipamiento y medicamentos de varios hospitales y el plan de mantenimiento.

Tras estas comparecencias, Edwin Gavilánez, presidente ejecutivo de la Fundación Ariel Chicho Gavilanes, Distrofia Muscular De Duchenne y Enfermedades Raras Ecuador, sostuvo que el Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sin respaldo alguno quieren suspender el único tratamiento de los niños con discapacidad física en el país, con el argumento de que no tiene efecto en la vida del paciente y ellos han manifestado que no ha tenido efecto secundario.

Informó que este tratamiento es para los pacientes que padecen una enfermedad rara, catastrófica, degenerativa conocida como la distrofia muscular de De Duchenne, que en su mayoría son niños y adolescentes.

La comisión acogió el pedido del asambleísta Ferdinan Álvarez y decidió tratar, no solo de forma independiente, sino con la prioridad y urgencia, el proyecto relacionado con el Cáncer Cervical Uterino, a fin de salvar vidas de mujeres y adolescentes que, a decir del legislador, mueren cada dos minutos en el país a causa de esta enfermedad.

Por solicitud de la asambleísta Rosa Belén Mayorga, la comisión recibió a personas de la sociedad civil a fin de que proporcionen datos relevantes para comprender qué pasa con ciertos procesos contractuales.