El Colegio de Abogados de Pichincha plantea al Consejo de la Judicatura, junto con la Contraloría y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que realicen un análisis exhaustivo de las declaraciones de patrimonio de los funcionarios judiciales, especialmente los jueces, para detectar posibles irregularidades.

A criterio del presidente del gremio, Paúl Ocaña, es ilógico que algunos funcionarios judiciales, como en el caso Purga, “tengan un millón de dólares” en su patrimonio sin que esto guarde relación con sus ingresos.

“Al detectar irregularidades se debe iniciar investigaciones por enriquecimiento ilícito no justificado y posiblemente como lavado de activos”, enfatizó al sugerir que se establezca como un prerrequisito, para los nuevos concursos judiciales, que los postulados abran sus cuentas bancarias para verificar la transparencia de su patrimonio en relación con el puesto que aspiran ocupar.

Por otro lado, Ocaña plantea la presencia de expertos internacionales en psicología durante la selección de jueces nacionales, con el objetivo de minimizar las irregularidades y mejorar la calidad de las decisiones judiciales.

Finalmente, señaló la necesidad de no solo reformar el Código Orgánico de la Función Judicial, sino también la Constitución, para abordar las problemáticas que afectan al sistema judicial ecuatoriano.