Los proyectos de Ley reformatorios a varias Leyes para la Equidad de los Derechos de los Servidores Públicos y de los Trabajadores del Sector Privado; a La Ley de Seguridad Social para Asegurar la Prestación de Contingencias a Ecuatorianos Residentes en el Exterior y Fomentar la Afiliación Voluntaria al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y; a Diversos Cuerpos Legales para Garantizar la Estabilidad Laboral Reforzada de las Personas con Discapacidad o Enfermedades Catastróficas y sus Sustitutos, iniciaron su tratamiento en la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social.

Las propuestas normativas corresponden a los asambleístas Vicente Taiano, Mónica Palacios y Johanna Ortiz. Luego de conocer su calificación por parte del Consejo de Administración Legislativa serán difundidas por los canales comunicacionales de la Asamblea Nacional y empezar su fase de socialización, previa a la construcción del informe para primer debate.

En su propuesta, el legislador Taiano señaló la necesidad de establecer equidad, equilibrio y respeto al núcleo fundamental de los derechos individuales y colectivos, por lo que plantea que los servidores y obreros de las empresas públicas que terminen la relación laboral por retiro voluntario, recibirán el pago de un monto de hasta siete salarios básicos unificados del trabajador privado, a la fecha de la terminación de la relación laboral, por cada año de servicio y hasta un máximo de 210 salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado, a partir del año 2015 de conformidad con el salario básico unificado vigente a la fecha de recibir los beneficios del retiro voluntario.

La legisladora Johanna Ortiz subrayó que su proyecto norma de manera explícita el derecho de las personas con discapacidad o sus sustitutos, para reintegrarles a sus puestos de trabajo, luego de haber sufrido un despido ineficaz. Sostuvo que al momento ellos disponen de protección limitada, lo cual les deja en estado de vulnerabilidad, debido a que la estabilidad laboral reforzada no aplica.

En tal sentido plantea que los nombramientos provisionales que sean otorgados a personas con discapacidad o con enfermedad catastrófica o sus sustitutos; mujeres embarazadas, con permiso de maternidad o con permiso de lactancia, no podrán ser cesadas en sus funciones, salvo por razones previamente establecidas.

Las reformas de Mónica Palacios están encaminadas a garantizar a los ecuatorianos en el exterior el acceso a la salud y que el Estado les proteja adecuadamente. Establece que el seguro social protegerá a los ecuatorianos residentes en el exterior en las contingencias que tuvieran derecho, conforme al tarifario de prestaciones para el sistema nacional de salud, procurando el respeto de la sostenibilidad de los fondos que administra el IESS.