La Comisión de Justicia, en cumplimiento de la delegación del Consejo de Administración Legislativa, amplió el análisis del informe de gestión de la Procuraduría General del Estado, correspondiente al año 2023, conforme lo determina el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Al inicio de la sesión, el equipo asesor expuso los resultados del análisis del informe del Procurador, en el que se presentan varias observaciones, entre ellas, el número de consultas devueltas a las instituciones por incumplimiento de los requisitos que, si bien se menciona 140 consultas, en la tabla de detalles solo están 90.

Según el equipo asesor, en el tema de patrocinio judicial se determina que la Procuraduría entregó 1334 delegaciones a entidades que no tienen personería jurídica, pero no consta el registro respectivo.

Juan Carlos Larrea, procurador general del Estado, tras destacar el esfuerzo y dedicación diaria de los servidores, anunció que tomarán en cuenta todas sus observaciones expuestas por los legisladores, a fin de mejorar el desempeño de la institución.

El funcionario explicó que la gestión de la Procuraduría se basa en la defensa jurídica del Estado, como un ciclo con cuatro fases: prevención, que prioriza el asesoramiento y control de la legalidad; solución amistosa de controversias, a través de medios alterativos de solución de diferencias como la mediación; representación judicial y patrocinio; y, la recuperación y repetición, es decir, exigir el pago de lo que se debe al Estado o lo que este debe pagar a terceros.

Así mismo, sostuvo que la institución ha fortalecido la atención de consultas de las diferentes instituciones del Estado. Informó que en el año 2023 devolvió 140 consultas, de 90 entidades que no cumplían requisitos mínimos de admisibilidad, de ellas 40 fueron devueltas porque no fueron presentadas por la máxima autoridad.

Resaltó que en el ámbito de asesoramiento legal externo recibieron 126 pedidos, los mismos que fueron atendidos en un término de cuatro días, conforme lo establece la normativa interna.

Aclaró que la asesoría jurídica al Servicio de Rentas Internas se limitó al análisis de la viabilidad jurídica, mientras que al SRI le corresponde velar por el beneficio económico para el Estado. Explicó que el año pasado recibió 14 solicitudes, de las cuales nueve fueron autorizadas.

El Procurador detalló las acciones para la recuperación de activos, como consecuencia de las 16 causas judiciales con sentencia ejecutoria, entre ellas pedido de asistencia internacional, registro de bienes embargados, insistencia en remate de bienes embargados, informes sobre bienes comisados, producto de lo cual se ha recuperado algo más de dos millones de dólares. También se refirió a las demandas de repetición, figura jurídica que, a su criterio, tiene obstáculos en la normativa legal para lograr su eficiencia y eficacia.

El presidente de la comisión, Fernando Cedeño comentó que el número consultas que no cumplen las formalidades es muy alto, lo que evidencia la existencia de un problema y amerita generar una política de capacitación al personal responsable de estas tareas. También se refirió a los laudos arbitrales en los procesos de mediación y la acción de la Procuraduría para precautelar los derechos del Estado ecuatoriano, mientras que el legislador Roberto Jaramillo expuso sus inquietudes sobre la efectividad del derecho de repetición.

La comisión analizará la información del Procurador, a fin de sistematizarla en la elaboración del informe para conocimiento del Pleno.