Ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado compareció el defensor Público, Ángel Torres Machuca, con el fin de aclarar y ampliar el informe de actividades correspondiente al año 2023, presentado en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Previo a su declaración el equipo técnico de la comisión expuso la matriz de las observaciones al informe, en la que se advierte que varios aspectos, como el funcionamiento de los centros de mediación no contienen los anexos que fundamenten los logros mencionados en la gestión.

También se advierte que, si bien se informa que los 733 defensores públicos están en las 24 provincias del país, no se adjunta la distribución por provincia, ni se indica la dirección de los puntos de atención de las defensorías móviles.

En otro orden, se recomienda a la Defensoría Pública incrementar el número de capacitaciones para prevenir la violencia en el entorno educativo.

De su lado, el defensor Público, Ángel Torres resaltó el trabajo de fiscalización y control político que ejerce la comisión, en cuyo marco comparece para ampliar su informe. Indicó que durante su gestión concretó logros institucionales para garantizar el acceso a la justicia y protección de los derechos de las personas más necesitadas, en estado de indefensión o vulnerabilidad, pese a la falta de recursos presupuestarios, la reducción del personal y una autonomía limitada, ya que dependen de otros órganos administrativos para su funcionamiento.

Informó que el año pasado la Defensoría atendió 88.405 patrocinios en la línea del servicio penal de defensa al procesado, en los que los defensores públicos participaron desde la investigación previa hasta la presentación de recursos, conforme lo dispone la normativa legal vigente.

Explicó que el patrocinio se dio en procesos sobre delitos contra el derecho a la propiedad contravenciones de violencia intrafamiliar, delitos culposos, contra la integridad sexual y reproductiva, seguridad pública, delitos contra la integridad personal y terrorismo, entre otros.

Sobre el funcionamiento de los tres centros de mediación, indicó que la institución fomentó la búsqueda de medios alternativos de solución de conflictos para evitar que se congestionen en los juzgados. “En 2023 atendimos 2.880 casos en los tres centros de mediación, dos en Quito y uno en Guayaquil”, añadió.

En otro orden, informó que la ejecución presupuestaria en 2023 fue del 99.59 %; no obstante, reconoció que el 94.43 % del presupuesto corresponde al pago de nómina, considerando que es una institución que brinda servicios.

Entre las observaciones que realizaron los asambleístas consta la expuesta por Victoria Desintonio y se refiere a la falta de información sobre la homologación salarial de los defensores públicos, la implementación de la Escuela Defensorial, y la necesidad de atender a las víctimas de violencia en el país.

Sixto Parra advirtió que si bien el Defensor dice que trabajan las 24 horas los 7 días de la semana hay quejas ciudadanas por la falta de atención. También consultó sobre el procedimiento para la evaluación de desempeño de los defensores, mientras que Fernando Jaramillo pidió aclarar las personas que son asistidas por la Defensoría Pública, pues hay casos que han defendido a personas con posibilidades económicas.

El presidente de la comisión, Fernando Cedeño agradeció al Defensor Público por la información proporcionada, misma que será debidamente analizada para la elaboración del informe respectivo, conforme lo determina el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

PV