En los primeros 100 días de la gestión de Mauricio Torres, como Contralor General del Estado, el organismo técnico de control aprobó 426 informes generales de auditoría y remitió 62 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) a la Fiscalía General del Estado (FGE), para que inicie los trámites correspondientes. El monto del posible perjuicio al Estado identificado en los IRP asciende a USD 46.6 millones.

Los presuntos delitos se identificaron en empresas municipales de Quito, Cuenca, Santo Domingo, Montecristi y Pastaza. Los indicios penales se desprendieron de contratos de obra, como la ampliación a cuatro carriles de la vía Alóag-Santo Domingo, el mantenimiento de las estructuras de captación de quebradas en la capital y en la contratación de bienes y servicios de seguridad privada, limpieza y transporte de personal.

Se observaron posibles actos dolosos durante la ejecución del examen especial al proceso de liquidación de TAME y en las auditorías a dependencias y hospitales del Ministerio de Salud, Comandancia General de la Fuerza Terrestre, Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT), Consejo de Educación Superior (CES), Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, entre otros organismos.

En este período también se aprobaron IRP en las empresas estratégicas de la administración central, como la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Petroecuador y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).

Juzgamiento y recaudación

Entre el 28 de noviembre y el 6 de marzo, la Contraloría también confirmó responsabilidades civiles y administrativas por USD 38 millones. Entre ellas consta la glosa por el perjuicio a Seguros Sucre por más de USD 11 millones, derivado de inversiones en Bonos Global 2024 realizadas en el mercado extrabursátil.

El organismo de control también confirmó una glosa por USD 7’979.601 por las falencias en la construcción del puente colgante sobre el rio Jatun Yaku (Tena). El constructor de la obra, contratada por la Empresa Pública Ecuador Estratégico, no amortizó el valor del anticipo e incumplió sin justificación el cronograma del proyecto y sus obligaciones contractuales. Sin embargo, no se le impusieron multas.

Con el fin de recuperar estos recursos para el fisco, la Contraloría implementó el procedimiento para la remisión de intereses, costas y gastos administrativos, de las responsabilidades civiles y administrativas confirmadas. La medida consta en la disposición transitoria segunda de la Ley orgánica para el ahorro y monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción, publicada en el Registro Oficial el 9 de febrero de 2024.

Fortalecimiento institucional

Al interior de la institución se implementó un modelo basado en cuatro pilares: transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación, principios que se plasmaron en la misión, visión y en el direccionamiento estratégico de la Contraloría General del Estado para los próximos años.

Bajo esta perspectiva se desarrollaron herramientas tecnológicas para monitorear los procesos de control y juzgamiento. Los sistemas permiten dar seguimiento al avance de las auditorías y la determinación de responsabilidades, con el fin de prevenir caducidades y garantizar el cumplimiento del debido proceso en las acciones de control.

El 28 de noviembre de 2023, la Asamblea Nacional posesionó al Dr. Mauricio Torres Maldonado como Contralor General del Estado, quien obtuvo el puntaje más alto en el concurso de méritos y oposición organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Su llegada puso fin a 6 años de inestabilidad institucional, caracterizados por temas de corrupción de exautoridades y la subrogación del cargo.