El proyecto de ‘Ordenanza para la Regulación y Control del Servicio de Entregas a Domicilio–Delivery’ fue presentado por el alcalde Pabel Muñoz a la comisión de movilidad, este miércoles. Esta iniciativa tiene 2 objetivos: 1) regular esta actividad sobre la base de la dignificación del trabajo y el tránsito; 2) proporcionar más seguridad a los prestadores de servicio y la ciudadanía.

La propuesta establece condiciones de uso, censo, registro e identificación visible; retirarse el casco para entrar a urbanizaciones, el cumplimiento de las normas de tránsito como el control de dos personas en moto, verificación de accesos biométricos y un botón de emergencia que debería ser acreditado por las plataformas.

El Alcalde mencionó, “en lo absoluto se busca prohibir esta actividad, busca regular este servicio y, para ello, lo primero que tenemos que hacer es construir un censo de prestadores de servicio para contar con esa información y definir política, planes e implementar acciones necesarias en relación con esta actividad”.

Como ejemplo, citó el caso de las PUCA (Permiso Único de Comercio Autónomo) que busca que más comerciantes puedan regularizarse.

Dijo que hay una suerte de reprecarización cuando se subarriendan las cuentas y que “esto no cabe”, afirmó que el registro y el permiso son para una persona y que se les permitirá trabajar en varias plataformas. Los prestadores exigirán la acreditación del Municipio para seguridad de las partes.

“Quito estará dando un paso hacia adelante en temas que la sociedad todavía no sabe cómo procesarlas del todo y me parece importante que tomemos esta decisión”, dijo, al tiempo de indicar que es necesario un trabajo conjunto entre el ámbito administrativo y legislativo para una adecuada socialización.

María Fernanda Racines, vicealcaldesa y presidenta de la Comisión de Movilidad, mocionó dar por conocido  e iniciar el tratamiento del proyecto de ordenanza presentado por el Alcalde, solicitó que en el término de 8 días, de conformidad con el artículo 57.62 de Código Municipal, se emitan los informes técnicos y jurídicos con relación a la viabilidad del proyecto por parte de la Secretaría de Movilidad, la Agencia Metropolitana de Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia Metropoluitan de Coordinación de Comercio.