El abogado constitucionalista Stalin Raza expuso sus observaciones dentro del tratamiento del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, previo al informe para primer debate.

Raza mencionó que todo análisis debe partir de la compresión del Estado constitucional de derechos y justicia, porque a veces se tiende a “hiperteorizar el derecho constitucional”, cuando tiene que ver fundamentalmente con la vida cotidiana de la gente, con los derechos y con la estructura del Estado.

Con relación a la creación de los juzgados especializados en materia constitucional, consideró que podría existir ciertas distorsiones, como la existencia de una “aristocracia de carácter judicial, elitizando la materia constitucional”, por lo que prefiere que se mantenga la competencia para todos los jueces, con determinadas restricciones.

Raza sugirió que la Comisión de Garantías Constitucionales considere la respuesta de la ciudadanía, porque este tema consta en la próxima consulta popular.

Con relación a la reforma sobre las acciones de protección, medidas cautelares y acciones de hábeas corpus, mencionó que deben existir restricciones o límites.

En torno a la acción de incumplimiento dijo que es conveniente la inclusión de plazos y términos. Otro de los aspectos compartidos por el constitucionalista fue la decisión del juez, de manera inmediata luego de la audiencia.

Añadió que es necesario regular las acciones extraordinarias de protección porque estas se han convertido en un obstáculo, antes que un mecanismo para acceder a la justicia.

Paúl Buestán en referencia a las sentencias constitucionales, consultó cuál es el límite de los jueces como generadores de derechos. “El límite es la separación de poderes”, fue la respuesta del experto.

Patricia Mendoza, tras exteriorizar su posición que los jueces deben mantener la competencia en materia constitucional, reflexionó sobre las actuaciones, capacitación y obligatoriedad.

Reparación de víctimas

Dentro del tratamiento del informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Contención, Acompañamiento y Reparación Transformadora e Integral a Hijas, Hijos, Madres, Padres y demás Familiares de Víctimas de Femicidio, la comisión recibió las observaciones de Soledad Angus Freré, especialista en derechos humanos; y, Geraldine Guerra, presidenta de la Fundación Aldea.

Soledad Angus Freré presentó observaciones respecto al tipo penal, considerar también a los centros de atención integral, garantizar el presupuesto para la cooperación técnica – financiera, medidas cautelares y formulación de cargos, pago provisional del bono de manera inmediata, reparación e insolvencia y fondo de contención.

Geraldine Guerra destacó la necesidad de un sistema de protección integral que asegure una vida sin violencia. Recordó que durante el 2023 existieron 321 muertes violentas de mujeres por razones de género; y, en 10 años desde la tipificación del delito en el COIP han ocurrido 1.698 femicidios en Ecuador. Exhortó a efectuar un trabajo interinstitucional.

Censo nacional

Por último, la comisión aprobó el cronograma general para el proceso de seguimiento a la fiscalización del VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades, hasta el 17 de mayo de 2024. La moción presentada por la legisladora Jhajaira Urresta fue aprobada con ocho votos.