Siete auditorías serán ejecutadas por el organismo técnico de control

La Contraloría General del Estado (CGE) examina los procesos desarrollados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para la realización del Proyecto VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades, que se realizó en el país entre noviembre y diciembre de 2022. Al momento, el organismo técnico de control ejecuta tres exámenes especiales:

• El primero analiza los contratos para la comunicación, difusión, información y pautaje.
• El segundo se enfoca en la adquisición de bienes y servicios, incluidos los de consultoría, en la Administración Central y Zonal 3 del INEC.
• El tercero estudia el reclutamiento, selección, contratación de personal, pago de remuneraciones y sistemas informáticos utilizados en Planta Central.

La Contraloría también contempla, dentro de su Plan Anual de Control 2024, una auditoría de gestión, para verificar el cumplimiento de objetivos de los siguientes componentes:

• Actualización cartográfica y precenso de vivienda;
• Censo experimental
• Empadronamiento
• Encuesta postcensal
• Coordinación, gestión, logística, monitoreo y control de calidad de las fases de planificación, diseño, construcción, recolección, procesamiento, análisis, difusión y evaluación desarrolladas por el INEC para le ejecución del censo.  

Adicionalmente, la entidad de control prevé ejecutar, en el segundo semestre de este año, tres exámenes especiales relacionados con:

1. El alquiler de vehículos para la ejecución del censo
2. Los sistemas informáticos e infraestructura tecnológica
3. Los contratos de consultoría, bienes y servicios utilizados por la Zonal 6 y 8

Informe aprobado en 2023 reveló incumplimientos contractuales

El 30 de julio de 2023, la Contraloría aprobó el informe de auditoría No. DNA1-0072-2023, que analizó la contratación de bienes y servicios por un monto de USD 1´998.023, recibidos por el INEC en el marco del Proyecto VIII Censo de Población y VII de Vivienda, cuyo periodo comprendió entre enero de 2018 y septiembre de 2022.

La auditoría determinó que el contrato para el servicio de imprenta se firmó 18 días posteriores a su adjudicación, incumplimiento el cronograma. Además, se suscribió un Acta Entrega Recepción parcial y solicitó el pago sin recibirse las carpetas censales. También se aceptaron bienes que no constaron ni en los pliegos ni en el contrato.