En cumplimiento de la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional, en la sesión N.º 898, la Comisión de Garantías Constitucionales inició el proceso de fiscalización y control político a las acciones y resultados del VIII Censo de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades.

Conforme la resolución del Pleno, para la verificación de los resultados y hechos acontecidos durante el censo, la comisión contará con la participación de representantes de pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y pueblo montubio.

Además, observará lo resuelto sobre el tema por la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana y el Pleno de la Legislatura, que en enero de 2023 decidió solicitar a la Contraloría que realice la auditoría de gestión al Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), para que se evalúen las fallas administrativas graves en las áreas de reclutamiento, actualización cartográfica, capacitación, empadronamiento, comunicación, seguridad, entre otros, del Censo Nacional 2022, así como un examen especial que deberá enfocarse en la ejecución económica.

La presidenta de la comisión, Paola Cabezas expresó que para el país el censo representa un instrumento fundamental para la toma de decisiones, especialmente en las condiciones socioeconómicas que nos desarrollamos los ecuatorianos. “Por ello, es importante realizar la fiscalización al censo nacional y sus resultados”, destacó.

De inmediato, dispuso al equipo asesor que elabore el cronograma para dar cumplimiento a la resolución del Pleno y realice los pedidos de información a las diversas instituciones.

La mesa legislativa tiene la competencia de fiscalizar las inconsistencias técnicas, costos en la implementación, además de verificar y constatar los resultados del Censo Nacional 2022, con la participación activa de los pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano y el pueblo montubio.