Cinco personas irán a juicio por el crimen del candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado por sicarios el 9 de agosto de 2023 cuando salía de un mitin político en un colegio al norte de Quito, la capital ecuatoriana. En una audiencia que duró dos días, la Fiscalía expuso las pruebas para vincular a Carlos A., alias El Invisible, como el autor mediato del magnicidio que fue planificado desde la cárcel de Cotopaxi, donde se encontraba cumpliendo una pena por tráfico de armas, y a los otros cuatro implicados como coautores y cómplices. Ninguno fue identificado como el autor intelectual del asesinato.

Una de las pruebas principales de la Fiscalía es el testimonio anticipado de un testigo protegido, que dio detalles de cómo dos presuntos líderes de la banda delictiva los Lobos organizaron la logística un mes antes del atentado contra Villavicencio. La operación del crimen pasó a manos de El Invisible, que se encontraba recluido en Cotopaxi y que contrataba a sicarios colombianos, entre esos Johan Castillo, alias Ito, el sicario de 18 años que murió en el intercambio de balas ese 9 de agosto. El Invisible se hizo cargo de cumplir con el objetivo de asesinar a Villavicencio luego de un intento fallido de acabar con su vida en otro mitin en la ciudad de Santo Domingo, que está a dos horas de Quito, reseña El País.

En la audiencia, la fiscal que lleva el caso leyó la declaración del testigo donde se revelaron los motivos del crimen:

• ¿Por qué razón quisieron matar a esta persona?
• Hacen este trabajo y tienen derecho a medio Quito, al manejo de cárceles.

Según el testigo, el crimen contra el político permitía a este grupo delictivo “subir de grado”, lo que les daba acceso al manejo de cárceles, rebaja de penas y la salida de la prisión de algunos de ellos, y que para eso ya tenían comprados a algunos abogados y funcionarios de la Fiscalía en Quito. Por este caso se detuvieron a 13 personas, pero seis, de nacionalidad colombiana, fueron asesinadas en las celdas de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Según la autopsia, murieron por asfixia, y otro de los detenidos apareció muerto en una de las celdas de la cárcel de lnca en Quito, un mes después del crimen.

La Fiscalía ecuatoriana señala a Laura C, alias Flaca, como la que se encargó de la logística. Ella gestionó la compra de camisetas y gorras del partido político de Villavicencio para que los sicarios se mezclaran entre los asistentes al mitin político de aquel 9 de agosto. Además, entregó a los sicarios armas, municiones, motos y vehículos. Organizó también las reuniones previas, como la de la noche anterior al crimen, donde se juntaron los gatilleros para escuchar las instrucciones de El Invisible, quien se conectó por videoconferencia desde la cárcel, donde les ordenó poner combustible a las motos. Laura C. aprovechó para recorrer los exteriores del coliseo del colegio -escenario del crimen- y todos se fueron a dormir.

Los cinco procesados que irán a juicio son investigados por el delito de asesinato contra un candidato a elección popular y podrían enfrentar entre 22 y 26 años de prisión. “Una vez que se ha señalado a los autores materiales, corresponde ir tras los autores intelectuales; es decir, a quienes les estorbaba Fernando Villavicencio”, dijo Verónica Saruz, esposa de Villavicencio en X. Existe otra investigación previa que está clasificada bajo reserva donde se investigan a los autores intelectuales de este crimen, en la que el testimonio del testigo protegido también ayudaría a revelar quién ordenó al grupo delictivo de los Lobos a asesinar a Villavicencio.

El FBI apoya las investigaciones de la Fiscalía ecuatoriana por pedido del Gobierno ecuatoriano. Estados Unidos ofreció una recompensa de cinco millones de dólares por información que lleve al arresto y condena de los conspiradores y autores intelectuales detrás del asesinato del candidato presidencial.

El político recibió un disparo en la cabeza el 9 de agosto de 2023 cuando salía de un evento político en Quito, a pocos días de la primera vuelta de las elecciones anticipadas. Villavicencio, de 59 años y periodista de profesión, reveló documentos que fueron parte del caso llamado Sobornos, en el que fue sentenciado el expresidente Rafael Correa y más de una docena de funcionarios de su Gobierno. Además, denunció nexos del crimen organizado con la política ecuatoriana pocos días antes de que fuera asesinado.