La decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de desestimar el recurso de apelación presentado por el gobierno de Nicolás Maduro representa un revés significativo para la administración venezolana en su intento por detener las investigaciones sobre posibles crímenes de lesa humanidad. La CPI había iniciado una investigación formal en noviembre de 2021, convirtiendo a Venezuela en el primer país de América Latina en enfrentar este escrutinio.

El caso, conocido como “Venezuela I”, se centra en presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos durante las violentas protestas de 2017 contra el gobierno de Maduro. Estas protestas estuvieron motivadas por la escasez de alimentos y medicinas, la inflación y la inseguridad, entre otros problemas, y fueron exacerbadas por la suspensión de un referendo revocatorio contra el presidente.

La apelación del gobierno venezolano, basada en el principio de complementariedad, fue rechazada por unanimidad por los jueces de apelación de la CPI. Esto significa que la Fiscalía de la CPI tiene luz verde para continuar con las investigaciones sobre los presuntos abusos.

El gobierno de Maduro ha rechazado la decisión de la CPI, argumentando que se trata de una instrumentalización de la justicia penal internacional con fines políticos. Afirma que las denuncias de crímenes de lesa humanidad son infundadas y que está investigando los casos por sí mismo. Sin embargo, la CPI considera que hay bases razonables para creer que se cometieron desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas durante las protestas de 2017.

La decisión de la CPI ha sido bien recibida por organizaciones de derechos humanos en Venezuela, especialmente en un contexto de protestas por la detención de la activista Rocío San Miguel, acusada de participar en una conspiración para asesinar a Maduro. Su detención fue calificada como una desaparición forzada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.