El segundo día de debate para definir la censura y destitución del vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo inició con el conocimiento de la renuncia de su suplente, Elcy Celi Loaiza. Esa decisión se conoció este 29 de febrero de 2024.

Primero, Celi presentó la renuncia ante el Consejo de Participación Ciudadana  (Cpccs), el 28 de febrero de 2024. Hoy, la Asamblea conoció un ofició con el que se le informó sobre la renuncia irrevocable.

“Se está violentando la verdad y la Ley. Por el bien del país presento mi renuncia irrevocable”, señaló Celi en su carta de renuncia. En la misma también se refirió a la acusación de Murillo sobre ser parte del Partido Social Cristiano (PSC). Dijo que era falso y que, en su momento, fue parte de la Izquierda Democrática.

Censura y destitución

El interpelante de Fausto Murillo y del exvocal de la Judicatura, Juan José Morillo, Carlos Vera (PSC) mocionó ayer, tras su exposición sobre las acusaciones, la censura y destitución de Murillo.

¿De qué se los acusa?

A Morillo se lo acusa de incidir en el ejercicio de las competencias de los jueces y juezas e irrespetar la independencia judicial interna de la Función Judicial. Mientras que a Murillo, actual vocal, se lo señala porque, teniendo la obligación de denunciar y alertar la perturbación a la independencia judicial, “omitió hacerlo”.

La segunda tiene que ver con la falta de homologación salarial. Este hecho se atribuye a Murillo cuando ocupó la Presidencia de la Judicatura en calidad de encargado. La Comisión señaló que “no se pudo evidenciar acciones concretas que resuelvan los nudos críticos que impedían la ejecución del proyecto de homologación salarial”.

La tercera tiene que ver con la falta de insumos y atención de las dependencias judiciales. Esto también se lo atribuye a Murillo. La mesa legislativa señaló que “durante su gestión como Presidente, no logró gestionar la asignación y ejecución de los recursos suficientes para satisfacer las necesidades del servicio judicial”.

La cuarta se relaciona con la arrogación de funciones en contra de Murillo. Sobre esto, la Comisión de Fiscalización estableció en el informe: “inobservó el dictamen interpretativo emitido por la Corte Constitucional que establecía que las decisiones adoptadas por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio se encontraban blindadas y no podían ser revisadas, desconocidas, interpretadas o revocadas.

Según la mesa, esa inobservancia conllevó a la vulneración del derecho a la seguridad jurídica de. Álvaro Román, ahora presidente encargad de la Judicatura.