Alonso Muñoz, Raysa Vargas, miembros de la Red de Expertos Parlamentarios del Ecuador; y, Gonzalo Armas, especialista legislativo, participaron en la Comisión de Justicia para aportar en la construcción del proyecto reformatorio a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que unifica 23 iniciativas al respecto.

Los expertos parlamentarios enfocaron su participación en dos aspectos, el procedimiento parlamentario y la destitución de asambleístas.

“Se debe evaluar la pertinencia de modificar los plazos para la aprobación de leyes, pues acortarlos podría hacer que la elaboración de informes y el debate se aceleren, el análisis sea poco profundo y que la norma final no responda a las reales necesidades de la ciudadanía”, manifestó Raysa Vargas.

A decir de la experta, se ha tomado como costumbre calificar a la Asamblea Nacional en función numérica de leyes aprobadas, sin tomar en cuenta la calidad de la producción legislativa. “Esto desnaturaliza y hace deficiente la función del parlamento”, dijo.

Sobre la destitución de un parlamentario mencionó que, considerar medidas que endurezcan este proceso, descrito en el artículo 166 de la ley vigente, podría ser antidemocrático. “Al ser autoridades de elección popular debería ser un órgano jurisdiccional independiente, como la Corte Constitucional, quien tome esa decisión”, señaló.

Respecto a esto, Alfonso Muñoz, precisó que existen pronunciamientos de la Corte Interamericana que van en contra de imponer sanciones de este tipo a funcionarios democráticamente electos.

El Comité de Ética de la Asamblea Nacional debe conocer procesos de destitución y elaborar un informe para conocimiento del Pleno, pero quien tome la decisión de destituir o no debe ser un organismo independiente. “La decisión de 92 legisladores no puede deslegitimar la elección popular, eso va en contra de fallos internacionales”, precisó.

Adicionalmente, se refirió a la posibilidad de retirar denuncias y peticiones de juicios políticos. “El juicio político responde a coyunturas políticas y sociales, y es prudente que sea el Pleno quien pueda establecer la prioridad sobre ellos”, resaltó.

Enfatizó sobre la necesidad de discutir la posibilidad de cambiar o no un interpelarte y, si validar o no las firmas de apoyo a un juicio, cuando los legisladores que lo apoyaron en primera instancia ya no cumplen funciones.

Planteó la urgencia de implementar una escuela de formación legislativa, donde parlamentarios, asesores y secretarios de comisiones aprendan a profundidad el procedimiento parlamentario y respondan con criterios técnicos al cargo que poseen. “Esta es una forma de elevar el debate y el trabajo legislativo, sin coartar el nivel democrático de participación y representación”.

Gonzalo Armas realizó su intervención sobre la codificación de leyes que ha realizado la Asamblea. “Desde el año 2009 se han realizado 4 proyectos de codificación aprobados por el Pleno y ninguno logró concretarse, pues la institución no cuenta con la estructura adecuada para que el proceso funcione”, señaló.

Debería incorporarse una comisión, compuesta por abogados, que realice únicamente procesos de codificación y sistematización de leyes, a fin de darle ordenamiento jurídico al país. “Esto repercutiría en el acceso ciudadano a información fidedigna y certificada por la Asamblea Nacional y en su seguridad jurídica evitando errores en el uso de las normas vigentes”, finalizó.