En una reciente resolución, Sebastián Corral ha sido objeto de sanciones económicas e inhabilitación para ejercer cargos públicos por desempeñar funciones oficiales a pesar de tener impedimentos legales. La Contraloría General del Estado emitió un informe responsabilizando al exfuncionario del gobierno de Guillermo Lasso por sus acciones.

Según el informe, Sebastián Corral ocupó el cargo de Secretario de la Administración Pública y Gabinete, indicando en sus declaraciones juradas de bienes que no tenía prohibiciones ni inhabilitaciones, lo cual resultó ser falso.

Se descubrió que Corral, exfuncionario de la administración Lasso, es accionista de las compañías Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. y Teleamazonas Guayaquil S.A., las cuales mantienen contratos de concesión de frecuencias prorrogadas con el Estado ecuatoriano, constituyendo así un impedimento legal.

Ante estos hallazgos, la Contraloría General del Estado impuso una sanción de 20 salarios básicos unificados, equivalente a USD 9,200, a Sebastián Corral. Además, se estableció una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante los próximos dos años.

Adicionalmente, se determinó una multa de 15 salarios básicos unificados, es decir, USD 6,900, para Guillermo Lasso y otros dos funcionarios de la Presidencia de la República involucrados en el caso.

Sebastián Corral asumió el cargo de Secretario de la Administración Pública el 9 de febrero de 2023, desempeñándose en el mismo hasta el 31 de agosto del mismo año.

En su informe detallado, la Contraloría General del Estado también ordenó el inicio de una nueva acción de control para analizar las declaraciones juradas de bienes del exsecretario. Este desarrollo subraya el compromiso de los organismos regulatorios de Ecuador con el mantenimiento de estándares legales y la transparencia en el servicio público, promoviendo la rendición de cuentas en todos los niveles.