Con la presencia de David Villarroel, presidente de la Asociación de Derecho Procesal de Manabí; y, Juan Morales, juez de la Corte Provincial de Esmeraldas, la Comisión de Derechos Colectivos avanzó en el análisis de los proyectos de reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

El presidente de la Asociación de Derecho Procesal de Manabí, David Villarroel expresó que es útil y pertinente la reforma al artículo 14 de la ley, referente a la forma de dirección de las audiencias y los tiempos para las intervenciones de las partes procesales. Insistió que la reforma es importante para la práctica procesal, a fin de que los ecuatorianos tengan acceso a una justicia eficaz y evitar arbitrariedades por parte de la administración de justicia.

Tras reiterar que la reforma garantiza la eficacia de la tutela judicial efectiva, manifestó que en la práctica los jueces no respetan los tiempos para la intervención de las partes procesales, lo que impide ejercer una defensa eficaz.

También respaldó la reforma al artículo 24 de la ley, a fin de establecer que la Corte Provincial convoque en un plazo definido la audiencia de apelación, ya que en la actualidad hay jueces que demoran hasta un año para tomar esta decisión, situación que se evitaría con el proyecto de ley. “Demorar un año no es justicia”, enfatizó.

Además, sugirió regular la acción de incumplimiento de sentencia en cuanto a la reparación económica, considerando que se han dado casos en que el Tribunal Contencioso Administrativo considera que no hay nada que reparar, pese a que solo es órgano de ejecución de sentencia constitucional.

De su lado, Juan Morales, juez de la Corte Provincial de Esmeraldas, respaldó las reformas a los artículos 14 y 24 de la ley, ya que busca garantizar que las cortes provinciales dicten sentencia de manera oportuna, luego de la audiencia cuando se ha presentado un recurso de apelación. No obstante, dijo que no está de acuerdo con fijar sanciones en la ley, argumentando que podría afectar a la independencia de la Función Judicial, a la vez aseveró que para ello existen procedimientos y mecanismos internos de la Función Judicial.

Así mismo, sostuvo que es importante fijar un plazo para que la Corte Constitucional, como máximo organismo de control, emita su dictamen sobre la declaratoria de estado de excepción. A su criterio la corte debería pronunciarse en el plazo de cinco días.

La legisladora Patricia Mendoza destacó que los legisladores tienen la gran responsabilidad de construir esta ley y que las observaciones de los comparecientes serán consideradas para dar al país y a los ecuatorianos una mejor norma legal.

La presidenta de la comisión, Paola Cabezas manifestó que los aportes normativos serán considerados en la elaboración del informe para primer debate.

A esta sesión, fue convocada por segunda ocasión la exasambleísta Dina Farinango, para que argumente sus dos proyectos de reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales; sin embargo, no atendió la invitación.