La Comisión de Fiscalización recibió los argumentos de cargo, por parte del proponente Carlos Vera Mora; y de defensa de Fausto Murillo y José Morillo, vocal y exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ), respectivamente, al cierre de la sustanciación de la solicitud de juicio político planteado en su contra.

En su intervención, el proponente, Carlos Vera Mora, se ratificó en todas las acusaciones de la solicitud de juicio político. Enfatizó en la responsabilidad política de Fausto Murillo, expresidente temporal del CJ, tanto por la arrogación de funciones, al asumir un cargo que no le correspondía; y, en torno al incumplimiento de la homologación salarial para los servidores judiciales, al igual que en lo atinente a la reconstrucción de la sede judicial de Portoviejo, provincia de Manabí.

Se refirió a varias de las pruebas documentales que fueron presentadas oportunamente, en particular, la sentencia de la Corte Constitucional por la cual se reconoció el derecho del doctor Álvaro Román para ejercer la presidencia, en caso de ausencia del titular del Consejo de la Judicatura. Así mismo, reiteró que el CJ presidido por Murillo no atendió la demanda de los manabitas de dotarles de un Palacio de Justicia que preste condiciones dignas para los operadores judiciales, los usuarios y la ciudadanía en general.

De su lado, el exvocal del CJ Juan José Morillo, en sus alegatos de defensa del cargo que se le atribuye, insistió que los audios fueron grabados intencionalmente, con el afán de causar daño al organismo. Añadió que dicho audio, que es la única supuesta prueba del tráfico de influencias, no fue sometido a un peritaje técnico para ser aceptado como prueba, al recordar que -según la legislación nacional e internacional- la Función Legislativa está facultada para fiscalizar y proponer juicios políticos, pero con base en pruebas, mas no por venganzas personales ni políticas.

Entre tanto, el expresidente del CJ, Fausto Murillo calificó como incoherente el pedido de juicio político en su contra, porque en primer lugar se lo responsabiliza por arrogación de funciones, no obstante, a renglón seguido, se le imputan cargos por incumplimiento de sus atribuciones como Presidente, lo cual constituye un reconocimiento tácito de la legitimidad de su ejercicio en la Presidencia.

Igualmente, el exfuncionario subrayó que le endilgan responsabilidades que no le competen, como por ejemplo en lo relacionado con la homologación salarial, la reconstrucción de la sede judicial de Manabí y la falta de denuncia de la conducta de los exvocales Maribel Barreno y Juan José Morillo para que se realicen las investigaciones, lo cual es competencia del Director General del Consejo de la Judicatura.

La presidenta de la comisión, Pamela Aguirre aclaró que el organismo, en todo momento, durante la sustanciación de la solicitud de juicio político respetó el debido proceso y el derecho a la legítima defensa.