La Comisión de Fiscalización y Control Político continuó este sábado la actuación de pruebas testimoniales, en la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de Fausto Murillo y José Morillo, actual y exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ).

Previamente, esta víspera recibió las pruebas audiovisuales presentadas por el exfuncionario, Juan José Morillo, con las cuales -dijo- se demostraría que los audios filtrados por La Posta, fueron grabados de manera planificada, con el propósito de perjudicar la institucionalidad, no solo del CJ, sino de otras funciones del Estado.

Así mismo, el organismo recibió los testimonios de los doctores Ricardo Vanegas y Xavier Palacios, quienes coincidieron en que la Corte Constitucional, en su sentencia, no determina que hubo una arrogación de funciones del doctor Fausto Murillo, al presidir el CJ, por designación del Pleno de la entidad. Añadieron que se produjo la ausencia de la presidenta, María del Carmen Maldonado, por renuncia; y el impedimento del doctor Álvaro Román para ser reconocido como presidente titular. Entonces, conforme el inciso segundo del artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial, se nombró a Murillo como encargado de la Presidencia.

En la continuación de la sesión, este sábado, la mesa legislativa recibió el testimonio del exservidor judicial Iván Revelo y del representante del colectivo La Corte pa’ cuándo, Francisco Farfán, quienes se refirieron a las causales del juicio relacionadas con la falta de aplicación de la homologación salarial y la demora en la reconstrucción del Palacio de Justicia de Portoviejo, Manabí, respectivamente.

Farfán, quien cada miércoles lidera los plantones en demanda de la construcción de la sede judicial, subrayó que las autoridades mantienen una gran deuda con Manabí, porque una obra cuyo contrato se estableció para 270 días, lleva más de 1.420 días sin que se haya cumplido con los trabajos de reconstrucción, solo contados desde la fecha que se entregó el anticipo. Recordó que la provincia esperó 20 años para tener un edificio digno que, lamentablemente, fue afectado por el terremoto de 2016. “Hasta ahora no tenemos respuesta del CJ sobre cuándo contaremos con la casa judicial”, enfatizó.

Finalmente, se aprobó como prueba de oficio recibir el próximo lunes, 12 de febrero, al viceministro de Gobierno, Esteban Torres Cobo, en torno a la causal de presunto tráfico de influencias en que habrían incurrido dos vocales del CJ y un juez de Pichincha, para obtener un pronunciamiento favorable para que la expresidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, se mantenga en su cargo.