Eduardo Baldeón, representante de Alianza Migrante, ante la Comisión de Relaciones Internacionales presentó sus observaciones y aportes para la construcción del Proyecto de reformas de la Ley Orgánica de Movilidad Humana.

La mesa legislativa trabaja en la revisión de varios cuerpos legales sobre movilidad humana, que fueron unificados para dar un tratamiento más ágil.

Baldeón denunció que varios programas que se pusieron en marcha desde 2018, en favor de los migrantes, han desaparecido, causando perjuicio a este grupo poblacional. Así, se refirió al proyecto de emprendimientos que entregaba 20 mil dólares a aquellos que lograban calificar para recibir el recurso económico.

También reclamó una fiscalización para BanEcuador, ya que no ha promovido de manera satisfactoria el crédito migrante. De igual manera, dijo, sucede con otras instituciones gubernamentales, las que no aplican las leyes en favor de los migrantes. Advirtió que no existen mecanismos que les obliguen a cumplir la ley y que es necesario incluir en la reforma, entre ellas, acciones afirmativas y políticas públicas que exijan el cumplimiento y el respeto hacia el migrante ecuatoriano.

Estos inconvenientes, manifestó, han obligado a una remigración forzada. “La mayoría de migrantes retornados se han visto obligados volver a irse, dando lugar a la migración forzada más compleja de la historia del país”, insistió.

Como contribución para la elaboración del proyecto de Ley, dijo que como Alianza Migrante se han realizado talleres en Quito, Cuenca y Guayaquil, y gracias a los aportes de los afectados, se ha logrado recoger importante información que será de utilidad para la comisión, porque viene con criterio auténtico de la comunidad migrante.

Los miembros de la comisión mostraron su preocupación por las denuncias realizadas por Baldeón, y solicitaron que se incluya en las próximas sesiones, la revisión del informe de Alianza Migrante, a fin de acoger las recomendaciones e incluirlas en el informe final.

Con los aportes recibidos, se espera construir una ley desde la visión y necesidades de los migrantes, que garantice la aplicación de sus derechos de manera permanente.