Con cinco votos a favor, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica, que plantea una serie de medidas recaudatorias con la finalidad de invertir en el fortalecimiento de las capacidades de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas e inteligencia estratégica.

La propuesta normativa plantea una contribución temporal única del 3,25 % de las utilidades gravadas con el impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2022, a las sociedades que obtuvieron ingresos en ese periodo. Se excluyen a las micro, pequeñas empresas, bancos y cooperativas de ahorro y crédito.

Así también, establece una contribución entre el 5 y 25 % de las utilidades de los bancos y cooperativas de ahorro y crédito generadas durante el periodo fiscal 2023.

Sobre el IVA, determina que la tarifa permanente será del 13 %; e, incrementará temporalmente al 15 % durante el 2024, 2025 y 2026. Además, los materiales de construcción tendrán una tarifa del 5 %. Finalmente, plantea el Impuesto a la Salida de Divisas al 5 %.

Intervenciones de la ciudadanía

Previo a la aprobación del informe, la mesa legislativa escuchó a Juan Carlos Andrade, vicepresidente de la Cámara Ecuatoriana de Carga Pesada y Logística, quien explicó que de acuerdo con los datos de la Superintendencia de Compañías, existen 5.947 empresas de carga pesada, sin embargo 3.635 no declaran ingresos, lo que significaría una importante suma no declarada que el Estado estaría perdiendo; por ello piden mayor control y que se incluya al sector en las instituciones reguladas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Bolívar Fajardo, dirigente del gremio del sector productivo agropecuario ecuatoriano, expuso la difícil situación de inseguridad que atraviesa el país, especialmente el sector agropecuario que se expone a que le roben la poca maquinaria con la que cuentan e incluso a ser víctimas de extorsión para que les devuelvan sus implementos de trabajo.

De su lado, la exministra de Finanzas, Wilma Salgado, instó a la mesa legislativa a revisar las exoneraciones e incentivos tributarios que ofrece el Estado, ya que, según explicó, desde 2010 a 2022 se registra un total de 62 mil millones de dólares que el Estado dejó de percibir por este concepto, mientras que el déficit fiscal de ese mismo periodo es de 41 mil millones. Subrayó que anualmente el país deja de percibir alrededor del 35 % de los ingresos del Estado por estos beneficios.

La Comisión también escuchó a Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas, quien explicó que el IVA diferenciado del 5 % para materiales de construcción ayudaría a generar mayor empleo y dinamizar la economía del país.