La fuga de Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, fue solo el inicio de la pesadilla.

Dos días después del escape del líder de “Los Choneros”, una de las bandas criminales más peligrosas de Ecuador, comenzó una jornada que el país no olvidará fácilmente.

El 9 de enero, grupos armados detonaron explosivos en distintas ciudades del país, tomaron como rehenes a 178 agentes penitenciarios de siete cárceles e irrumpieron en el canal de televisión TC durante un programa en vivo.

La misma jornada de horror sirvió para que huyera de la cárcel Fabricio Colón Pico, miembro de la banda criminal “Los Lobos”, acusado por la Fiscalía General de estar detrás del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

El pánico sembrado en las calles hizo que muchos recordaran los peores momentos de violencia de los últimos años, como las masivas masacres carcelarias entre grupos delictivos rivales de 2021 y la seguidilla de asesinatos políticos ocurridos el año pasado, incluida la muerte de Villavicencio.

Pese a todos los esfuerzos por encontrarlo, “Fito” -quien pagaba una condena de 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato- aún sigue prófugo y se ha transformado en el rostro del poder que tiene el crimen organizado en el país.

Ante la última escalada de violencia, el presidente Daniel Noboa, que apenas llevaba siete semanas en el cargo, tomó la inédita decisión de declarar la existencia de un “conflicto armado interno” e identificar como “terroristas” a 22 organizaciones delictivas.

“Estamos luchando todos los días para no convertirnos en un narco-Estado”, dijo el presidente en una entrevista exclusiva con la BBC.

Noboa, quien junto a los demás candidatos a la presidencia tuvo que hacer campaña con chaleco antibalas luego que mataran a tiros a Villavicencio, declaró abiertamente una “guerra contra el terrorismo” y sacó los militares a las calles.

Su gobierno intenta implementar el llamado “Plan Fénix”, que incluye entre sus objetivos la creación de una nueva unidad de inteligencia, el suministro de armas tácticas para las fuerzas de seguridad, la construcción de dos megacárceles y el reforzamiento de las medidas de seguridad en puertos y aeropuertos, sitios clave para que el ingreso y salida de estupefacientes.

Drogas que las redes delictivas ingresan desde Colombia con el objetivo de acopiar, distribuir y exportar hacia el resto del mundo.

Con unos 18 millones de habitantes y ubicado estratégicamente entre dos grandes productores de cocaína, Perú y Colombia, Ecuador se ha convertido en los últimos años en una plataforma internacional del delito donde los poderes del Estado no parecen estar preparados para mantener el orden, independiente de cuál sea el presidente de turno.

Esta falta de preparación se revela cada vez que hay un motín carcelario o una ola de asesinatos, en donde la primera respuesta es decretar estados de excepción -tanto a nivel provincial como nacional- que no logran revertir la situación de violencia.

A esto se suma la dificultad del Estado para recuperar el control de las cárceles luego de cada masacre de presos o toma de guardias penitenciarios como rehenes.

También, los pocos resultados obtenidos por los gobiernos en temas esenciales para el país como asegurar las fronteras, sacar las armas de las calles y evitar que entren en las prisiones, proteger a funcionarios políticos y judiciales del sicariato, y combatir el lavado de dinero que hace redituable tanta inseguridad.

“Ecuador no tiene una política de seguridad”

En los últimos años, mafias transnacionales desembarcaron en su territorio y se aliaron con las bandas locales, terminando con la idea de esa “isla de paz” que era el país en relación con sus vecinos, que por décadas formó parte del imaginario colectivo.

Convertida la costa del país en un centro logístico del crimen organizado internacional y la ciudad portuaria de Guayaquil en el epicentro del narcotráfico, el país ha visto el progresivo desembarco de una infinidad de carteles de la droga que se disputan el territorio, como la mafia albanesa, la ‘Ndrangheta italiana o los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, aliados con las bandas locales.

Frente a ese nivel de enemigos, Ecuador, un país petrolero empobrecido al que se le dificulta el acceso a los mercados de crédito debido a su deuda pública y un déficit fiscal asfixiantes, tiene un estrecho margen de acción.

Esta situación económica repercute fronteras adentro, por ejemplo, en las pocas oportunidades que puede ofrecer a los miles de jóvenes que no consiguen trabajo y terminan reclutados por los carteles.

“Son el principal empleador del país”, dice Fernando Carrión, profesor emérito de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, especializado en temas de seguridad.

Muchos se preguntan por qué Ecuador no estaba ni está preparado para combatir la brutal escalada de violencia de los últimos años y cómo el país llegó a un punto en que el Estado parece tener las manos atadas frente al poder del narcotráfico.

“El problema es que el Ecuador no tiene una política de seguridad”, argumenta Carrión en diálogo con BBC Mundo.

Y para eso, no solo se necesita dinero (al menos US$1.000 millones por lo bajo, según el gobierno), sino también, según el presidente, la colaboración de otros países como Colombia y Estados Unidos.

Si no se hace nada, señalan los expertos, es muy probable que los niveles de violencia sigan aumentando.

Durante la época que gobernó Rafael Correa el país (2007-2017), la tasa de homicidios bajó radicalmente. Algunos lo atribuyen al éxito de su política de seguridad y otros a los acuerdos que hizo con algunos de los grupos delictivos.

Los presidentes que le sucedieron en el cargo a partir de 2017, Lenín Moreno y Guillermo Lasso, estuvieron al mando de un país donde la violencia del crimen organizado se disparó como nunca antes en la historia del país.

En los últimos siete años, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes escaló a una velocidad nunca antes vista en el país: de 5 a 46.

“Con la decisión de reducir el Estado, se desarticuló todo el aparataje institucional de seguridad porque era costoso”, dice Carla Álvarez, docente investigadora del Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ecuador, en diálogo con BBC Mundo.

En pocos años Ecuador se ha convertido en un infierno, agrega, porque “desmantelaron y desfinanciaron el modelo de seguridad”.

Debido a ese giro en la manera de enfrentar el problema, afirma, “Ecuador se ha convertido en un narco-Estado”.

“El sistema nacional de inteligencia no está articulado”

Lo que está viviendo el país en este momento es una nueva etapa de violencia con “actos de terrorismo urbano”, afirma el coronel en retiro Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del Ejército entre 2007 y 2008 y actual consultor en temas de Seguridad y Defensa.

Ante el estallido armado de este mes, la toma de rehenes y las fugas carcelarias, argumenta que el presidente Noboa reaccionó rápidamente a la nueva ola de violencia que afecta la seguridad nacional.

Por eso, agrega, decidió que fueran las Fuerzas Armadas las encargadas de combatir directamente y conducir las operaciones de seguridad.

Ese giro en la estrategia, le dice a BBC Mundo, podría conseguir los resultados que antes no se lograron, aunque, la piedra en el zapato, sigue siendo que “el sistema nacional de inteligencia no está articulado”.

Y es eso, según Pazmiño, es una de las causas de que el Estado no esté preparado para enfrentarse al crimen organizado.

Además de la carencia de un sistema de inteligencia integrado, Pazmiño sostiene que Ecuador no ha estado preparado para enfrentar a las organizaciones criminales.

Entre otras razones, porque existen altos niveles de corrupción estatal, un sistema judicial que en gran parte “trabaja para el narcotráfico”, un alto nivel de descomposición social por la influencia de los carteles, facilidades para el lavado de dinero, y porque desde Colombia se desbordan toneladas de cocaína a través de una frontera permeable.

Guerra entre los grupos criminales

Otro elemento que pudo haber influido en la falta de preparación del Estado ante la última ola de violencia, es que en 2020 se produjo un cambio en la correlación de fuerzas entre las organizaciones criminales que operan en el país.

“Los Choneros” se impusieron frente al resto de las bandas a partir de 2007, bajo el liderazgo de Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña”, controlando la mayor parte del tráfico de drogas, extorsiones, robos, secuestros, tráficos de armas y sicariato (asesinatos por encargo).

Ese equilibrio precario entre las organizaciones criminales se extendió aproximadamente desde el 2007 hasta el 2020, año en que “Rasquiña” fue asesinado y, después de varias pugnas, “Fito” (el mismo que ahora está prófugo) terminó liderando la banda.

Pero eso no evitó que se desatara una sanguinaria guerra entre los distintos grupos criminales por hacerse con el control del territorio ecuatoriano que se ha expresado en el recrudecimiento de la violencia en los últimos tres años.

Y hoy, aparentemente, tras el estallido armado de enero, una vez más podría redefinirse el equilibrio de fuerzas.

“Si antes los grupos criminales combatían entre sí, ahora combatirán contra el Estado”, dice Carrión.

El factor externo: la sobreproducción de cocaína

En el frente externo, el negocio del narcotráfico en Latinoamérica está pasando por un momento de sobreproducción de cocaína, según los expertos consultados por BBC Mundo.

Colombia incrementó la producción de la droga en un 43% en 2021 y Perú la duplicó.

El problema es que subió la oferta y, al mismo tiempo, bajó la demanda debido a una contracción del consumo de cocaína en Estados Unidos a causa de la entrada del fentanilo.

Este desequilibrio entre la oferta y la demanda empujó a las bandas de narcotraficantes a modificar sus estrategias comerciales, abriendo nuevos mercados dentro y fuera de la región.

Brasil, por ejemplo, se ha transformado en un gran consumidor de cocaína y crack, mientras que los carteles han abierto nuevos mercados en Europa, África y Asia.

A esto se suma la creación de vínculos más estrechos entre las grandes organizaciones criminales transnacionales y las bandas ecuatorianas, elevando la crisis de seguridad a otra dimensión, sin un Estado que tuviera las herramientas para combatirla.

Es lo que se conoce como una “terciarización del negocio”, un modelo bajo el cual los carteles solían pagarle a los grupos locales en dólares para que sirvieran sus intereses.

El fin de la “isla de paz”

La idea de Ecuador como una “isla de paz”, en comparación con sus vecinos Perú y Colombia, que tuvieron que lidiar con guerrillas y narcotráfico, fue por años un motivo de orgullo para los ecuatorianos.

Tanto así, que terminó convirtiéndose en lo que los expertos califican como un “nacionalismo afirmativo”.

Una visión positiva de su país que, sin embargo, terminó jugándoles en contra.

¿Por qué?, porque la idea de la “isla de paz” habría contribuido a que la sociedad tardara en reaccionar y darse cuenta de que no estaban realmente a salvo de las organizaciones criminales cuyas abultadas billeteras estaban comprando el silencio o la complicidad a todo nivel.

Ni la sociedad ni el Estado estaban preparados para la escalada de violencia.

¿Cuándo se acaba el sueño de la isla de paz?

Es difícil ponerle una fecha porque se trata de creencias arraigadas en el tejido social. Para Álvarez el sueño se acaba a partir de 2021, cuando hay un amotinamiento simultáneo en tres cárceles.

En ese momento, las bandas no sólo asesinaban a sus rivales dentro de las prisiones, sino que además, los degollaban.

“Cuando en las cárceles empiezan a jugar fútbol con las cabezas humanas y la policía era incapaz de entrar a los recintos penitenciarios, Ecuador supo que ya no era una isla de paz”.

También se puede citar el fin del sueño de la isla de paz con la declaración de guerra que acaba de hacer el presidente, dice Carrión.

“Esa lógica de la isla de paz ha sido culpable de que Ecuador no reconozca la violencia que tiene y, por lo tanto, no defina políticas explícitas para contrarrestarla”, apunta el experto.

Hace apenas unos días, asesinaron a tiros en Guayaquil a Cesar Suárez, uno de los fiscales que investigaba el dramático asalto armado al canal de televisión TC del 9 de enero, así como otros grandes casos de corrupción.

Y la fiscal general del país, Diana Salazar, está amenazada de muerte.

En estas condiciones, existe una duda razonable sobre si Noboa logrará poner en práctica su plan de seguridad, cuando su mandato debe concluir en mayo del próximo año, fecha en que están previstas nuevas elecciones presidenciales.

Su período al frente del país será extremadamente corto, dado que llegó a la presidencia en un proceso de elecciones anticipadas cuando su antecesor, Guillermo Lasso, no terminó su gobierno.

Otro factor de incertidumbre es un fenómeno emergente, advierte Carrión.

“Las organizaciones criminales no solo están financiando campañas electorales, sino que ahora tienden a representarse de forma directa con sus propios candidatos”, una estrategia que podría volver a impulsar los asesinatos políticos de cara a las elecciones del próximo año.

Por ahora, con los militares en las calles, Ecuador se pregunta si esta vez será posible atenuar los niveles de violencia en un país donde el crimen organizado pareciera tener más poder que el Estado.