Cada vez que se escuchan balaceras, casi en cualquier barrio de Guayaquil, el primer instinto es correr a poner a salvo a los niños. Esconderse en la habitación más lejana de la puerta de entrada, de las ventanas, debajo de la cama, o tumbar el colchón sobre los niños. No existe un escudo suficiente para protegerlos. No basta prohibirles ir a la escuela después de cada episodio de violencia, porque los asesinan mientras duermen, en su casa, con las ventanas y puertas cerradas, como a Valentina, Bryanna, Adiel, Aitana, Maité, Alexander… En los brazos de sus padres, o tomando un helado, reseña El País de España. La violencia en Ecuador afecta severamente a la infancia, al menos dos menores de edad fueron asesinados cada día en el 2023, según reporta el Ministerio del Interior.

El año anterior cerró con el escabroso número de 770 homicidios de niños desde recién nacidos hasta 19 años, como clasifica la data la Policía de Ecuador. La cifra supone un aumento del 640% en comparación a los 104 que se registraron en 2019, alerta Unicef. La mayoría de los homicidios se ejecutaron con arma de fuego y las víctimas fueron principalmente dos grupos: desde bebés recién nacidos hasta cuatro años de edad; y adolescentes entre 15 y 19 años, que son reclutados por las bandas criminales. Usan a los menores para ponerlos en primera fila de esta guerra a extorsionar, asesinar, vender droga y reclutar a otros niños, ha dicho la Policía.

“Cuando vemos esta cifra aterradora de 770 homicidios, nos damos cuenta que desde hace cuatro años acá, los niños han puesto el cuerpo a la violencia”, dice Sybel Martínez, de la Alianza por los Derechos de la Niñez y Adolescencia, “y ahí es que yo cuestiono, porque la protección de los niños es única exclusivamente adulta. Hablamos de Estado, sociedad y familia y les hemos fallado todos”, añade al medio español.

“Esto se da en una evolución del aumento de criminalidad en Ecuador y es preocupante en un país donde la infancia ya presentaba y presenta múltiples desafíos”, explica Luz Ángela Melo, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, en Ecuador. Mantener a los niños con vida no es el único reto del Estado que ha prorrogado la atención a 4,5 millones de infantes. Ecuador es el tercer país de la región con la tasa más alta de desnutrición crónica, eso significa que uno de cada cinco niños menores de dos años no está bien alimentado, no alcanza la talla, ni el peso, lo que desencadena en enfermedades que evitan su desarrollo.

El 37% de los menores de cinco años consume agua contaminada con la bacteria e-coli en Ecuador, y aumenta la cifra si los niños están en la Amazonía. A esto se suma que la mitad de los niños del país son maltratados física y psicológicamente, según la encuesta de Salud y Nutrición de 2018 y no existe ninguna campaña permanente para detenerlo. “La sociedad ecuatoriana debe dejar de normalizar la violencia contra los niños y las mujeres, es un clamor”, dice Melo.

Cada día seis niñas entre 10 y 14 años de edad dan a luz, víctimas de abuso sexual. “No solo están marcadas con la herida del trauma de la violencia sexual, sino que son niñas que en lugar de estar jugando o estudiando, están amamantando”, recalca Melo. Y en este momento 244.000 niños, niñas y adolescentes están fuera del sistema educativo y nadie está haciendo algo por impedirlo.

La Alianza por los Derechos de la Niñez y Adolescencia y otros organismos de derechos humanos observan de cerca los efectos de la declaración de “estado de guerra” que decretó el presidente Daniel Noboa el 9 de enero, después de una ola de atentados en los que se incluyó la toma de un canal de televisión. Los operativos de la fuerza pública han dado como resultado casi cuatro mil personas detenidas, entre ellos menores de edad, “que cuando son aprehendidos hemos visto que además de ser humillados, torturados, a nadie se le ha ocurrido decir un ratito son niños”, dice Martínez, “y no estamos diciendo que no sean infractores, estamos diciendo que además de infractores son víctimas de reclutamiento, de trata y de una sociedad y un Estado que efectivamente mira a la distancia lo que está sucediendo sin necesidad de proteger y que la respuesta quedamos es que hay que juzgarlos como adultos”.