A través de un comunicado la Corte Constitucional (CC) dio a conocer los tres dictámenes que resolvió el pleno en relación a las preguntas enviadas por el Ejecutivo para la Consulta Popular. Dos de ellos respecto a consultas populares y uno sobre modificación constitucional.

Respecto a las preguntas relacionadas con las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la seguridad, seis de las 11 preguntas obtuvieron dictamen favorable siendo estas:

• Control de armas y municiones por parte de las FF.AA. alrededor de los centros de privación de libertad.
• Tipificación de delitos vinculados con tenencia o Farte de armas.
• Incremento de penas en delitos como el terrorismo, delincuencia organizada, entre otros.
• Que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social.
• Que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional.
• Que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas.

Mientras que las otras cinco no superaron el examen de constitucionalidad aplicable a las consultas populares.

Respecto al dictamen de modificación constitucional, de las ocho preguntas enviadas por el presidente Daniel Noboa, en cuatro de ellas la enmienda es la vía adecuada para cambiar textos constitucionales. Las preguntas calificadas son las relacionados con:

• La extradición de ecuatorianos.
• El establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional.
• El reconocimiento de arbitraje internacional.
• La posibilidad de incorporar nuevas modalidades de trabajo, a plazo fijo y por horas.

No obstante, desde la Corte Constitucional aclaran que solo en el caso de las propuestas de modificación constitucional vía enmienda, la entidad deberá realizar un segundo dictamen de constitucionalidad, previo a la elección popular. Este tiene el objetivo de evaluar el contenido de los considerandos, preguntas y anexos propuestos, “con miras a garantizar que estos sean leales y claros para que la ciudadanía pueda expresarse libremente en las urnas”.