Gabriel Pereira Gómez, abogado nacido en Machala, ha presentado una demanda de acción pública ante la Corte Constitucional (CC) para impugnar el Decreto 27, que designó a la vicepresidenta Verónica Abad como embajadora de la paz en Israel. Pereira argumenta a La Hora que esta decisión viola el artículo 144 de la Constitución, y espera que la CC admita a trámite su solicitud en las próximas horas.

El abogado sostiene que el Decreto 27 va en contra de la voluntad de los electores, ya que los ciudadanos votaron por el binomio presidencial completo. Alega que enviar a la vicepresidenta al extranjero y asignarle funciones para las cuales no fue elegida contradice el sistema democrático.

Pereira, consciente de que la CC resuelve casos según el orden de llegada, solicita que su demanda sea tratada con prioridad debido a su relevancia actual y su impacto en el sistema democrático.

Este abogado plantea que es la primera vez en la historia de Ecuador que un vicepresidente es enviado fuera del país mientras la sede del gobierno permanece en Quito. Sugiere que, si el presidente deseaba designar un embajador en Israel, existen personal calificado en la cancillería para ocupar ese cargo.

Además, manifiesta que la vicepresidenta debería cumplir funciones acordes a su perfil profesional o académico, y pone como ejemplo el gobierno de Lucio Gutiérrez, donde el vicepresidente Alfredo Palacio se encargó del sector salud.

En el caso de que la CC declare la inconstitucionalidad del decreto, Pereira espera que la vicepresidenta regrese al país y se le asignen funciones en línea con su investidura. También considera que esto debería sentar un precedente para clarificar las funciones que se pueden o no encargar a un vicepresidente.

La demanda de Pereira también incluye la solicitud de declarar la inconstitucionalidad del Decreto 30, que dispuso la reestructuración institucional de la Vicepresidencia por el Ministerio del Trabajo, alegando afectación de derechos laborales. Este caso será analizado por el juez de la CC, Enrique Herrería.

Adicionalmente, el abogado cuestiona el Decreto 90, que limita la seguridad de la Casa Militar Presidencial para vicepresidentes solo cuando prestan funciones en Ecuador. Pereira argumenta que, como segunda mandataria, la vicepresidenta debe tener la seguridad correspondiente, independientemente de su ubicación geográfica.