El panorama legal en torno al enjuiciamiento de ex presidentes o ex vicepresidentes en Ecuador ha generado un debate jurídico, destacando la reciente situación del ex vicepresidente, Jorge Glas, quien se encuentra en la Embajada de México.

En una entrevista con “Punto de Orden”, el jurista Gonzalo Muñoz hizo hincapié en que, según el artículo 120 de la Constitución, no se requiere el permiso de la Asamblea Nacional para enjuiciar penalmente a un ex mandatario o vicepresidente, siempre y cuando ya no estén en funciones.

Glas, al no ocupar actualmente el cargo de vicepresidente, no debería haber requerido la autorización de la Asamblea Nacional para el proceso penal en su contra, sostuvo Muñoz. En su opinión, la solicitud del juez Luis Rivera a la Asamblea podría interpretarse como un intento de dilatar el proceso penal contra Glas, quien está implicado en presuntos actos de corrupción relacionados con la reconstrucción de Manabí.

El jurista argumentó que la actitud del magistrado podría ser considerada cómplice de la impunidad, al ignorar el marco legal claro sobre el enjuiciamiento de ex funcionarios. Muñoz recordó que ya existen precedentes en los que solicitudes similares fueron respondidas conforme a la ley, sin necesidad de autorización de la Asamblea.

Además, señaló que, a pesar de que Glas goza actualmente de un régimen de prelibertad, debe presentarse periódicamente ante un juez y un fiscal. En caso de no cumplir con esta obligación, arriesga la revocación de su situación legal y deberá cumplir con las condenas pendientes.

Muñoz enfatizó que, en su opinión, Jorge Glas no es un perseguido político, ya que enfrenta dos sentencias penales ejecutoriadas por graves delitos contra la administración pública, específicamente actos de corrupción, que no guardan relación con su actividad política.

El jurista concluyó indicando que la situación de Glas podría cambiar si México decide no otorgarle asilo, lo que dependerá de las gestiones diplomáticas y de la capacidad del gobierno para convencer a México de que el ex vicepresidente no cumple con las condiciones para recibir este tipo de protección.