Se cumplen seis años del asesinato del equipo periodístico de El Comercio. El hermano de una de las víctimas, Ricardo Rivas, expresó indignación por el retraso en la entrega de información crucial relacionada con el caso. Se trata de la desclasificación de las actas del Consejo de Seguridad Pública, donde se discutieron aspectos relevantes sobre el secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra por disidentes de las FARC.
La Corte Constitucional ordenó la entrega de estas actas, junto con otras documentaciones, en un plazo de 30 días. Sin embargo, el proceso se ha visto obstaculizado por demoras y falta de transparencia por parte de las autoridades. Según Rivas, la entrega de la información se pospuso repetidamente, generando preocupación entre los familiares de las víctimas.
Destacó que la información solicitada incluye la lista de asistencia a las reuniones, así como transcripciones de lo discutido en ellas. Esta documentación es fundamental para esclarecer posibles responsabilidades estatales y determinar la veracidad de las acciones tomadas por las autoridades durante el secuestro y posterior asesinato.
Además, Rivas expresó su preocupación por la posibilidad de que la información entregada no sea completa o esté manipulada, lo que dificultaría el proceso de búsqueda de justicia y verdad. En este sentido, instó a la creación de una comisión independiente para verificar la autenticidad de los documentos entregados.
