Asambleístas que cambien de camiseta perderían sus curules

May 1, 2024

En la Asamblea Nacional, avanza un proyecto de reforma que busca establecer una norma estricta: los legisladores que se desafilien del partido o movimiento que auspició su candidatura perderán automáticamente su cargo parlamentario. Esta medida, incluida en las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, fue aprobada para primer debate por la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional.

El objetivo principal de esta reforma es poner fin a los denominados «camisetazos», que hacen referencia a los cambios de afiliación partidaria durante el ejercicio del cargo legislativo.

La propuesta ha generado controversia y fue sometida a votación por separado debido a las diversas opiniones al respecto. Según las reformas aprobadas, cualquier parlamentario que se desafilie ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) del partido o movimiento político con el que llegó a la Asamblea perderá de inmediato sus funciones.

Los impulsores de esta reforma son las bancadas de la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, que han experimentado varias desafiliaciones en las últimas semanas: 3 parlamentarios del primero y 2 del segundo.

La medida busca combatir lo que se considera «transfuguismo político», donde los legisladores cambian de partido o movimiento por motivos no relacionados con principios ideológicos o programáticos. El correísmo incluso propone sanciones más severas que la simple destitución.

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado aprobó el informe para el primer debate del proyecto de reformas, el cual unifica 23 propuestas presentadas por varios asambleístas sobre la misma materia.

Antes de la aprobación del informe, la comisión llevó a cabo una socialización del proyecto con diversos actores sociales y legislativos, escuchando observaciones y sugerencias de expertos para identificar los aspectos críticos de la ley vigente.

Las reformas tienen como objetivo modernizar los procedimientos parlamentarios en materia legislativa, fiscalización y control político para fortalecer la eficacia y eficiencia de la gestión legislativa.



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