Inés Alarcón, asambleísta (ADN), presentó este 26 de abril de 2024 ante la Contraloría General del Estado (CGE) una solicitud de inicio de examen especial de la empresa Cesneba de Babahoyo, que mantendría contratos con el Estado.
La legisladora mencionó que esta firma tiene en su Directorio al asambleísta Camilo Salinas (Construye), lo que se contrapone con lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En los artículos 162 y 163, de esta norma se señala que que las únicas funciones que pueden realizar los asambleístas son las relacionadas con la Asamblea Nacional y la docencia.
Por esta razón, Alarcón expresó que luego de que llegara a su despacho esta denuncia decidió ingresar la solicitud de examen especial ante el órgano de control. “Es urgente que este organismo de control y regulación investigue todos los detalles de las designaciones e integración de los directorios, los contratos alcanzados y las condiciones de los mismos”, precisó en un comunicado que compartió en sus redes sociales.
“El detonante de esto es que hay un conflicto de intereses porque se está contratando con el Estado, aprovechándose del cargo que se ocupa en este momento”, enfatizó Alarcón.
Además, la asambleísta no descartó que se lleve este caso a la Comisión de Fiscalización y al Comité de Ética. En esta última instancia, si se comprueba la falta el legislador podría ser destituido.
