La desconexión digital laboral fuera del horario de trabajo queda vigente y quien no cumpla puede caer en acoso y violencia laboral.
El Pleno del Parlamento resolvió, este miércoles 8 de mayo, la objeción parcial al proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para la Erradicación de la Violencia y el Acoso en todas las Modalidades de Trabajo, de forma unánime, con 120 votos, se allanaron en las objeciones Quinta, Octava, Novena, Décima y Décima Primera; y se ratificaron con 101 votos afirmativos a los textos aprobados por la Asamblea, referentes a los artículos 1, 2, 7, 8, 10 y 11.
Prevenir y erradicar todo tipo de acoso y violencia en el trabajo, y defender los derechos de quienes se enfrentan a vulneraciones diarias en sus espacios laborales, son los principales objetivos de las reformas al Código del Trabajo y a la Ley del Servicio Público, que en los próximos días serán publicadas en el Registro Oficial. Esta ley establece un procedimiento para prevenir el acoso y sustanciar las quejas y denuncias por acoso y violencia en los espacios de trabajo.
La asambleísta María Teresa Pasquel, ponente del informe, argumentó que la objeción ha inobservado fallos de la Corte Constitucional, respecto al acoso laboral, la Constitución de la República, el Convenio 190 de la OIT, la Convención Interamericana para los Derechos Humanos, Convención Belém Do Pará para Erradicar la Violencia contra la Mujer, Ley contra la Violencia la Mujer, así como los principios de igualdad, seguridad jurídica, acceso a la justicia, celeridad, derecho a la defensa y debido proceso planteadas por los asambleístas como legitimas y pertinentes.
Resaltó que la ley recoge las visiones de trabajadores, empleadores, directivos, autoridades y de los legisladores, para afianzar las garantías de derechos constitucionales sobre el trabajo, para asegurar el desarrollo de las personas en el ámbito laboral, al tiempo que resaltó la necesidad de respetar los tiempos de descanso de los trabajadores y defendió la opción de que tiene el trabajador para la desconexión digital luego de la jornada laboral.
En el debate, la legisladora Paola Cabezas se pronunció por la necesidad de luchar contra la explotación y precarización laboral. Recordó que este proyecto fue aprobado por la Asamblea por unanimidad de los 128 asambleístas con el afán de frenar la violencia y el acoso laboral, mientras que Luzmila Abad afirmó que es necesario cumplir la Constitución, la cual garantiza los derechos de los trabajadores y dictar normas para erradicar la violencia laboral.
Pamela Aguirre recordó que la OIT reconoce una vida libre de violencia y acoso en el ámbito laboral, disposiciones que deben incorporarse en nuestra legislación, en pro del desarrollo y crecimiento de trabajadores y empresarios. Leonardo Berrezueta sostuvo que el veto responde a una barbaridad jurídica, pues, entre otros aspectos, no está motivado en la Constitución y desconoce el contenido del Convenio 190 de la OIT, del cual Ecuador es suscriptor.
Según el proyecto, los trabajadores participarán en la elaboración de la reglamentación interna y notificarán al ente rector con la decisión consensuada y existe la obligación de realizar programas de prevención de la violencia y el acoso.
Se define el concepto de violencia y acoso en materia laboral, como todo tipo de comportamiento y prácticas inaceptables, incluidas las amenazas, las cuales pueden ser hasta consideradas actos discriminatorios.
Para ello, crea normas para prevenir todo acto de violencia, acoso sexual, discriminación, intimidación, violencia física, exposición a riesgos laborales, acoso psicológico, acoso laboral y discriminación salarial.
Durante el análisis del proyecto la Comisión del Derecho al Trabajo socializó la propuesta a través de la página web y de las redes sociales de la Asamblea Nacional. Contó con los criterios de los ministerios de Trabajo y de Inclusión Económica y Social, así como del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Fiscalía General del Estado, docentes universitarios, abogados en libre ejercicio, expertos en la materia y el acompañamiento permanente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
