La presidenta de la Comisión Ciudadana encargada del concurso para seleccionar al Defensor Público, Gabriela Cadena, explicó este miércoles que, a pesar de los cuestionamientos y las impugnaciones, el concurso en sí mismo no tiene fallos, sino que son las personas interesadas en obstaculizar su avance las que generan controversia.

Señaló que las acciones legales contra el proceso provienen principalmente del actual defensor Ángel Torres Machuca y otros funcionarios de la Defensoría Pública, con el objetivo de prolongar su permanencia en el cargo.

Además, habló sobre las amenazas que el ella y los miembros de la comisión han recibido, así como las denuncias presentadas ante la Fiscalía por estas intimidaciones. Ante ello, expresó su preocupación por la integridad de su familia y la suya propia debido a su compromiso con el avance del concurso.

En cuanto a las acusaciones sobre la idoneidad de los postulantes, Cadena defendió el proceso, asegurando que se llevó a cabo con estricto apego a la normativa vigente y que los señalamientos no han sido respaldados por sentencias judiciales.

Sin embargo, reconoció que el proceso aún está pendiente de resolver algunas apelaciones y que depende del Consejo de Participación Ciudadana pronunciarse sobre el informe jurídico para determinar los resultados finales y proceder con la designación del nuevo defensor público.