La Comisión de Justicia inició el tratamiento del proyecto reformatorio a siete leyes y dos códigos orgánicos para promover la desconcentración efectiva del Estado, presentado en el 2022 por los exlegisladores Rafael Lucero, Johanna Moreira e Isabel Enrríquez.
Con esta finalidad, recibió en su mesa de trabajo a Verónica Macías y Bismark Ruilova, expertos en gestión territorial, y Karín Jaramillo, directora ejecutiva de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME).
Según Verónica Macías, la iniciativa de reforma posibilita cambiar la estructura del Estado mediante procesos que garanticen los derechos de quienes habitan en los distintos territorios del Ecuador.
“La institucionalidad pública está profundamente concentrada en las grandes ciudades y requerimos acercarla al territorio con una distribución de recursos equitativa y gestión institucional que fortalezca el modelo de organización”, dijo.
Coincidió con la experta Bismark Ruilova, quien consideró que la iniciativa reformatoria debe orientarse hacia la optimización del trabajo en las diferentes provincias del país, con un enfoque de gestión pública que responda a las complejidades de cada una, para solucionar sus problemas.
Listo informe sobre objeción parcial al proyecto de Ley que reforma las leyes del IESS y BIESS
“Romper la estructura del Estado, con la excusa de desmantelar la institucionalidad, va en contra de la solidaridad, el desarrollo y fortalecimiento de las direcciones provinciales, zonas y distritos profundamente diversos de nuestro país”, concluyeron los invitados.
Las observaciones de los municipios asociados a AME fueron canalizadas por Karín Jaramillo, quien observó que la iniciativa reformatoria debe impulsar el desarrollo equilibrado y sostenible de todo el territorio, mediante la sectorización de las instituciones y la ejecución de sus competencias.
Señaló también que fortalecer el trabajo sectorizado y el levantamiento territorial de información favorecerá a la oportuna planificación y ejecución de políticas públicas desde el Estado central, materializando los derechos de la población en territorio, en coordinación con sus GAD.
Una vez concluidas las comparecencias, las y los comisionados realizaron sus cuestionamientos a los expertos a fin de profundizar en lo establecido en los veintiún artículos, cuatro disposiciones generales, tres transitorias y una final que conforman el proyecto reformatorio.
