En medio de un entorno político tenso, Ana Belén Cordero, exsecretaria de Política Pública Anticorrupción, ha respondido contundentemente a la solicitud de enjuiciamiento político presentada en su contra por la asambleísta nacional, Lucía Jaramillo.

En un comunicado emitido el 14 de abril de 2024, Cordero instó al Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) a rechazar la solicitud, destacando que esta carece de fundamento legal y es abiertamente ilegal. Según su argumentación, la Secretaría de Política Pública Anticorrupción no está sujeta a juicio político según lo estipulado en el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

Cordero enfatizó que, de acuerdo con la LOFL, los juicios políticos están reservados para ministros y secretarios de Estado que ejerzan funciones de rectoría, es decir, aquellos con la capacidad de emitir políticas públicas directamente. Citó la reforma aprobada en 2020 por la Comisión de Justicia y el Pleno de la época, así como el Dictamen Interpretativo 1-11-IC/20 de la Corte Constitucional, que confirma esta interpretación.

La exsecretaria resaltó que la SPPA, creada por Decreto Ejecutivo 412, no ostenta el rango de “Secretaría Nacional” ni tiene la facultad de emitir políticas públicas de manera independiente. Más bien, sus propuestas deben ser aprobadas por el presidente de la República, según lo establecido en el artículo 2 del mencionado decreto.

Asimismo, Cordero advirtió que la calificación de la solicitud por parte del CAL constituiría una violación de la ley y del dictamen constitucional, lo que podría acarrear consecuencias legales graves, incluida la destitución de quienes incumplan con sus funciones.

La exfuncionaria del gobierno de Guillermo Lasso hizo un llamado a los legisladores para que centren su atención en combatir la inseguridad y la delincuencia organizada, identificándolas como los verdaderos enemigos del Ecuador.

Por su parte, Lucía Jaramillo defendió su solicitud de enjuiciamiento político, argumentando que un secretario de Estado tiene el mismo nivel de responsabilidad que un ministro. Afirmó que la solicitud se basa en hechos concretos y no en especulaciones, y aseguró que las observaciones de Cordero serán consideradas durante el proceso.