En la Comisión de Justicia y Estructura del Estado estuvieron Álvaro Salazar, experto en Derecho Parlamentario y Ana Gómez, directora ejecutiva de la Asociación de Mujeres por la Equidad de Género y la Autonomía (MEGA), con el fin de exponer sus criterios sobre el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
El presidente de la mesa legislativa, Fernando Cedeño explicó que estas comparecencias forman parte de del proceso de socialización de los 26 proyectos de reformas a la LOFL, que fueron unificados para optimizar su tratamiento.
Al respecto, Álvaro Salazar manifestó que luego de tres años de vigencia del último paquete de reformas a la LOFL es necesario hacer un análisis de los resultados de estas nuevas disposiciones y determinar las nuevas reformas que se constituyan en verdaderos avances en la solución de temas de trascendencia para la Legislatura.
El experto centró sus observaciones en temas como la práctica parlamentaria, fiscalización, juicios políticos, muerte cruzada o disolución anticipada de la Asamblea Nacional y las reglas aplicadas a los cambios del orden del día en el Pleno y en las comisiones. Comentó que la mayoría de proyectos presentados responden a situaciones coyunturales que generaron discusiones, dudas e interpretaciones y que, por tanto, generan niveles de disenso en el Pleno y las comisiones.
Dijo que la ley vigente contiene disposiciones que leídas de cierta manera y aplicadas a determinados aspectos pueden generar confusión en su análisis y aplicación y, por tanto, pueden aparecer como contradictorias entre sí, a la vez aseveró que este proceso de reformas que lleva adelante la Comisión de Justicia permitirá identificar posibilidades para mejorar los procesos de legislación y fiscalización.
De su lado, Ana Gómez manifestó que sus observaciones nacen de varias reuniones del Colectivo Ciudadano Mujeres por la Equidad de Género y la Autonomía, que considera importante incorporar en la ley mecanismos de denuncia ante la Asamblea y el Comité de Ética para evitar que quienes hayan sido sancionados por violencia familiar no puedan ejercer la función de asambleísta.
Tras reiterar la necesidad de luchar por una vida libre de violencia, señaló que uno de los proyectos recoge el concepto de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para precautelar la integridad de la víctima frente a la posible pérdida de sus derechos. Para ello, prevé la suspensión de funciones de un asambleísta, cuando hay auto de llamamiento a juicio, haya sido sentenciado en una contravención de violencia intrafamiliar o cuando se haya formulado cargos.
Por último, sugirió que la reforma guarde concordancia con la Constitución, tratados internacionales de derechos humanos y otras normas legales como la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, como medio para eliminar la violencia que afecta a las mujeres y recuperar la confianza institucional.
Los legisladores Sixto Parra y Roberto Cerda respaldaron la propuesta normativa para evitar la vulneración de derechos de las mujeres.
