La industria minera del Ecuador se encuentra en un punto de inflexión, donde los esfuerzos por expandirse se enfrentan a una creciente oposición comunitaria. Para María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, el progreso del país no puede estar atado a intereses de algunos grupos políticos (Conaie) que están utilizando la oposición a la minería como una estrategia para ganar apoyo electoral.
A su criterio, es importante seguir los procesos legales y de consulta ambiental para garantizar la legitimidad de las operaciones mineras en Ecuador. Mencionó el conflicto en Palo Quemado, donde se ha desplegado fuerza pública para garantizar la seguridad durante la consulta, sosteniendo que la población se pronunciará sobre las áreas directamente afectadas por los proyectos mineros y buscan recabar inquietudes de la comunidad.
Por otro lado, manifestó que algunas comunidades han establecido lazos positivos con proyectos mineros en fases tempranas, lo que indica que no hay una oposición generalizada a la minería en todas partes del país.
El gobierno ecuatoriano se comprometió a brindar facilidades y proteger la institucionalidad para atraer inversiones en el sector minero, pero también a combatir la minería ilegal y promover una minería responsable que beneficie tanto al Estado como a las comunidades locales, enfatizó.
