El reciente asesinato de la alcaldesa de San Vicente, Briggite García, ha reavivado el debate sobre los riesgos que enfrentan las autoridades locales en Ecuador. En una entrevista exclusiva para NotiMundo al Día, el director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), Homero Castanier, hizo un llamado urgente al Gobierno para que garantice la seguridad de todos los gobiernos seccionales del país.
Según Castanier, al menos 12 alcaldes y 12 concejales en todo el territorio nacional han sido objeto de algún tipo de atentado contra su vida. Ante esta alarmante situación, instó al Ejecutivo a tomar medidas inmediatas para proteger la integridad de estas autoridades. La trágica muerte de García, la alcaldesa más joven del país con apenas 26 años, se suma al preocupante asesinato de Agustín Intriago, burgomaestre de Manta.
«Exigimos al Gobierno que garantice la seguridad de las autoridades seccionales, ya que sin un entorno seguro, es imposible llevar a cabo la gestión municipal», enfatizó Castanier. Además, hizo un llamado para que el Ejecutivo reinstaure la participación de la AME en el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), considerando la vulnerabilidad inherente al ejercicio de sus funciones.
El director de la AME reconoció que si bien la responsabilidad en materia de seguridad recae principalmente en el Gobierno central, los gobiernos locales pueden contribuir significativamente con estrategias para mitigar los riesgos. Asimismo, destacó la importancia de adoptar un enfoque integral que incluya la recuperación del tejido social, el apoyo a víctimas de pandillas y la revitalización de espacios públicos.
En otro orden de ideas, Castanier informó que el pasado 25 de marzo de 2024, la AME realizó su tercer pedido en el año para que se realice un análisis de riesgo de los 221 alcaldes del país. Esta evaluación tiene como objetivo determinar su nivel de vulnerabilidad y establecer alertas tempranas para su protección. Sin embargo, lamentó que más de la mitad de las solicitudes no hayan sido atendidas hasta el momento.
Ante la creciente violencia contra las autoridades locales, la AME exige acciones concretas por parte del Gobierno para salvaguardar la vida de quienes ejercen un papel fundamental en el desarrollo de las comunidades ecuatorianas.
