En Ecuador, según un reportaje de Infobae, 5.217 adolescentes entre 12 y 14 años han declarado su estado civil como unión libre o matrimonio, mientras que 742 en el mismo rango de edad afirmaron estar separados, divorciados o viudos, según los datos del último censo realizado en 2022 y publicados el año pasado. Estas cifras, que sugieren una realidad oscura de uniones tempranas ilegales en el país, fueron destacadas por expertos y organizaciones dedicadas a la protección de la niñez y adolescencia.
La información oficial indica que más de 100.957 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de entre 12 y 19 años registran algún tipo de unión de hecho o de derecho. Más de 5.000 de estos casos pertenecen a la población entre 12 y 14 años, revelando una situación alarmante.
A mediados de febrero, se publicó un análisis situacional sobre los derechos de la niñez y adolescencia bajo el título «Ecuador: Niñez y Adolescencia en 360°: Estado de Situación sobre Niñez y Adolescencia en el Ecuador». El informe, elaborado por ChildFund, Kindernothilfe KNH y World Vision, abordó diversas problemáticas, incluyendo el estado conyugal de niños y adolescentes. Resaltaron que las estadísticas nacionales previas al Censo 2022 no señalaban casos de matrimonios antes de los 18 años, pero los resultados del censo indican lo contrario.
A pesar de que en Ecuador las uniones tempranas están prohibidas y cualquier relación sexual entre un mayor de edad y un menor es considerada delito, los expertos señalan que persisten casos debido a problemas arraigados en la pobreza y en la falta de respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Juan Francisco Oña, especialista de World Vision Ecuador, comentó sobre la reforma al artículo 89 del Código Civil realizada en 2015, que prohibió las uniones tempranas. Sin embargo, Oña mencionó que la reforma no tuvo el impacto deseado y, en cambio, pareció facilitar las uniones informales al no contar con un registro oficial.
Sybel Martínez, directora de Grupo Rescate Escolar, resaltó la importancia de proteger a los niños y niñas contra las graves repercusiones del matrimonio infantil, que incluyen la interrupción de la educación, embarazos prematuros y violencia sexual y emocional. Martínez abogó por una educación sexual integral y el empoderamiento femenino como medidas preventivas.
Durante la pandemia del coronavirus, las uniones tempranas se volvieron más frecuentes, según Juan Francisco Oña, quien indicó que estas prácticas se vieron como soluciones económicas en territorios más pobres, donde las familias enfrentaban dificultades económicas.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha destacado que el matrimonio infantil es una violación de los derechos humanos, y América Latina es la única región del mundo donde estos matrimonios no han disminuido en los últimos 25 años, ocupando el segundo lugar mundial en embarazos adolescentes.
